domingo, 5 de enero de 2014

ADN, videovigilancia en el trabajo y "Crónicas Marcianas"

Entre las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, hay tres que resultarán de su interés. Una ya ha sido ampliamente comentada. Se refiere a un asunto que muchos recordarán (y si es así, ya es hora de que vayan pensando en un plan de pensiones): La entrevista que Cárdenas hizo en el programa de Telecinco "Crónicas Marcianas" a una persona con minusvalía psíquica, burlándose de sus dificultades para responder a las preguntas que se le planteaban. Pueden leer el texto completo de la sentencia aquí

La segunda resolución es un caso de videovigilancia en el lugar del trabajo. Una empleada de un VIPS fue despedida por robar unos sobres con la recaudación, que habían sido depositados en un buzón de seguridad. El robo se descubrió al revisarse las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, instaladas enfocando dicho buzón. Según la representación de la trabajadora, la grabación se efectuó en una sala utilizada como vestuario, y por tanto, se trata de una prueba obtenida vulnerando el derecho a la intimidad de la trabajadora, y que debe ser rechazada. La empresa, sin embargo, argumenta que se trataba de una oficina, donde los trabajadores tienen prohibido cambiarse, y que la existencia de cámaras se había señalizado con carteles. 

El recurso se centra en un tema meramente procesal. La representación de la empleada despedida pidió que se mostrara en el acto del juicio el DVD aportado por la empresa como prueba, para que se verificara que existían imágenes de otros trabajadores utilizando la sala en cuestión como vestuario. El juez consideró que bastaba con las impresiones de pantalla en las que se veía a la trabajadora sustrayendo el dinero del buzón de seguridad y no se visionó el DVD. 

Según el Tribunal Constitucional, este hecho “cercenó la posibilidad de acreditar cuál era el uso dado a la oficina donde estaba colocado el buzón de seguridad, e incluso someter a escrutinio la credibilidad de los testigos que declararon en el acto del juicio”. Por otro lado, “el razonamiento ofrecido por el órgano judicial para denegar la proyección del DVD no satisface el estándar de motivación reforzada exigido por la doctrina constitucional”.  

El Tribunal Constitucional falla a favor de la trabajadora, anula las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social y por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y ordena la retroacción de las actuaciones “al momento de resolver sobre la admisión y la práctica de la prueba en el acto del juicio oral”. 

La tercera sentencia resulta muy interesante. Los aficionados a ver series como “Ley y Orden” y “CSI” se habrán preguntado más de una vez si ese truco de ofrecer una taza de café al sospechoso para obtener su ADN sería legal en España. ¿No supone una vulneración de la intimidad del sujeto en cuestión, o lo que es peor, de su derecho fundamental a la protección de datos? Pues bien, esta sentencia  analiza un supuesto similar. 

El recurrente en amparo había sido declarado culpable de un acto de violencia callejera consistente en quemar un cajero de La Caixa.  Se le identificó comparando una muestra de ADN obtenida a partir de lo que en la Sentencia se denomina “un acto voluntario de expulsión de materia orgánica” (vamos, lo que viene a ser un escupitajo o esputo), con los restos encontrados en una prenda con la que se cubrieron la cara los atacantes.

El recurso de amparo se fundamenta en la vulneración de varios derechos constitucionales, pero nosotros nos centraremos sólo en dos. De acuerdo al recurrente, se ha infringido el derecho a su intimidad personal (art. 18.1 CE) porque el análisis de su perfil genético se realizó por la policía autonómica sin ningún tipo de autorización judicial. Adicionalmente,  se habría producido una infracción del art. 18.4 CE, “por cuanto la Ertzaintza había procedido a incluir en una base de datos informatizada sus datos personales sin ningún tipo de control administrativo ni de otro orden, sin que se sepa quien o quienes tienen acceso a esos datos ni quien o quienes son sus responsables, ni se esos datos personales (perfil de ADN) va a ser utilizados para otros fines o durante cuanto tiempo se conservarán y si podrán ser utilizados en futuros procedimientos penales”.

Debemos tener en cuenta que, en el 2002, momento en el que se produjeron los hechos, no existía una previsión específica relativa a la realización de análisis de ADN en la instrucción penal, y tales análisis tenían la misma consideración que cualquier prueba pericial.  La primera regulación específica se introdujo con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que añadió un párrafo al art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De acuerdo al mismo, se faculta al juez para acordar, "mediante resolución motivada y con adecuación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que se determine el perfil de ADN del sospechoso a partir de muestras biológicas suyas".

El Tribunal Constitucional recuerda que “las intervenciones o reconocimientos corporales, aun cuando por sus características e intensidad no supongan una intromisión en el derecho a la integridad física, sí pueden conllevar una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal en razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pretende averiguar, cuando se trata de una información que afecta a la esfera de la vida privada que el sujeto puede no querer desvelar”.

Sin embargo, aunque se haya producido una injerencia en el derecho a la intimidad de una persona , esta injerencia puede resultar legítima cuando existe un interés constitucional prevalente que se debe proteger.  En este caso, se concluye que es así ya que se trataba de identificar al autor de unos hechos delictivos de notable gravedad:

“Pues bien, la específica prueba pericial consistente en la obtención del ADN del demandante a partir de su saliva se produjo con la finalidad de ser comparado con el obtenido a partir de la muestra biológica hallada en una manga utilizada en la realización de un hecho delictivo, y tenía por objeto el descubrimiento de la persona que había utilizado la mencionada manga en la perpetración de unos hechos delictivos de notable gravedad como lo son los de daños terroristas por los que finalmente fue condenado el demandante. De ahí que no quepa dudar de la concurrencia del fin legítimo en la medida adoptada por la policía judicial.”

Por otro lado, se resalta la escasa incidencia que tuvo la prueba practicada en la intimidad del demandante, ya que el análisis de ADN no fue más allá de “la mera identificación neutra”.  

Aquí lo dejo, que ya está bien para ser domingo. Me marcho a desayunar al Café del Botánico, uno de los pocos sitios en los que me tratan como merezco. 

Buenos días. 

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