domingo, 8 de diciembre de 2013

Clásicos de la jurisprudencia española for dummies (II)

Tal y como les prometí ayer, hoy entraremos a analizar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso "Violeta Friedman c/ León Degrelle". Les advierto que el razonamiento de la resolución es especialmente farragoso, por ello les recomiendo que se tomen un café y una aspirina antes de seguir leyendo este post.

Como recordarán, antes de que la Señora Friedman interpusiera recurso de amparo, y por una vez, todas las instancias estuvieron de acuerdo apreciar excepción por falta de legitimación activa para ejercer acciones en defensa del derecho al honor. Se consideraba que el reportaje de la revista Tiempo no contenía ninguna declaración que mencionara personalmente a la reclamante o a su familia, y por tanto, no podía entenderse vulnerado su derecho al honor. Este pronunciamiento resultaba acorde con el criterio mantenido hasta la fecha tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Consticional, y según el cual el honor contituye un valor referido a personas individualmente consideradas, lo que excluye a instituciones públicas, clases o grupos sociales.

La representación de Violeta Friedman basa su recurso de amparo en el artículo 24.1 de la Constitución Española, entendiendo que le ha sido denegado el derecho a la tutela judicial efectiva.

En un primer momento, el Ministerio Fiscal considera que se debe inadmitir el recurso puesto que la legitimación en el proceso es una cuestión de mera legalidad, no revisable en amparo salvo en los casos que directamente afecten a un derecho fundamental. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales habían sido debidamente fundamentadas, y por tanto, no resultaron arbitrarias ni vulneraron ningún derecho fundamental.

Al admitir el recurso el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado presenta un nuevo escrito en el que razona que la decisión del TC debe referirse exclusivamente a examinar si concurría o no la excepción de legitimación activa, y en caso negativo, se deberán remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, para que decidiera sobre fondo del asunto. La sentencia cuenta con un voto particular del Magistrado Fernado García-Mon que defiende la misma argumentación que el Minsiterio Fiscal.

Podemos diferenciar dos líneas argumentales en los Fundamentos Jurídicos de la sentencia. Por un lado, se analiza la legitimación de Violeta Friedman para ejercer acciones contra las declaraciones de León Degrelle. Por otro, se realiza un juicio de valor sobre los derechos en conflicto: La libertad idelógica y de expresión de León Degrelle por un lado, y el derecho al honor de Violeta Friedman y del colectivo al que pertenece. Este segundo aspecto de la resolución ofrece menor interés. Lo realmente destacable es el análisis de la legitimación activa, ya que supone un cambio en la doctrina mantenida hasta la fecha y reconoce lo que podría entenderse como una vertiente colectiva del derecho al honor. Por otra parte, esta sentencia constituye la base de la posterior configuración de la doctrina del derecho al honor de las personas jurídicas.

¿Qué dice el TC sobre la legitimación de la señora Friedman? En su opinión, la norma que se debe aplicar en este caso es el art. 162.1, b) de la Constitución, que es el artículo que determina "están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo", que no puede confundirse con el interés "directo".

Y a partir de aquí, el Tribunal Constitucional expone:

"Tratándose, en el presente caso, de un derecho personalísimo, como es el honor, dicha legitimación activa corresponderá, en principio, al titular de dicho derecho fundamental.

Pero esta legitimación originaria no excluye, ni la existencia de otras legitimaciones (v.gr., la legitimación por sucesión de los descendientes, contemplada en los arts. 4 y 5 de la L.O. 1/1982, de protección del derecho al honor), ni que haya de considerarse también como legitimación originaria la de un miembro de un grupo étnico o social determinado, cuando la ofensa se dirigiera contra todo ese colectivo, de tal suerte que, menospreciando a dicho grupo socialmente diferenciado, se tienda a provocar del resto de la comunidad social sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima personal o respeto al que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social (arts. 10.1 y 14 C.E.).

En tal supuesto, y habida cuenta de que los tales grupos étnicos, sociales e incluso religiosos son, por lo general, entes sin personalidad jurídica y, en cuanto tales, carecen de órganos de representación a quienes el ordenamiento pudiera atribuirles el ejercicio de las acciones, civiles y penales, en defensa de su honor colectivo, de no admitir el art. 162.1 b) C.E., la legitimación activa de todos y cada uno de los tales miembros, residentes en nuestro país, para poder reaccionar jurisdiccionalmente contra las intromisiones en el honor de dichos grupos, no sólo permanecerían indemnes las lesiones a este derecho fundamental que sufrirían por igual todos y cada uno de sus integrantes, sino que también el Estado español de Derecho permitiría el surgimiento de campañas discriminatorias, racistas o de carácter xenófobo, contrarias a la igualdad, que es uno de los valores superiores del ordenantiento jurídico que nuestra Constitución proclama (...)"

Como les comentaba, esta decisión del TC resultó muy controvertida, especialmente por el párrafo que les cito justo arriba. Piensen en las consecuencias prácticas de que cada persona intengrante de un grupo étnico, social o religioso, residente en España, se encuentre legitimada para ejercer acciones legales en defensa del honor del colectivo. El presunto infractor se vería obligado a personarse en los distintos procedimientos que se fueran abriendo, al menos en un primer momento. Que yo sepa, hasta la fecha, a ningún grupo activista se le ha ocurrido organizar una campaña para presentar demandas individuales contra declaraciones que se consideren atentatorias contra el honor del grupo. Si alguno de Ustedes conoce un caso de este tipo, le agradeceré que me facilite la referencia.

2 comentarios:

David González Calleja dijo...

Suscribo el razonamiento del TC, sobre todo por lo que supondría de impunidad lo contrario.

Ad Edictum dijo...

Teniendo en cuenta lo subjetivo que es el derecho al honor, me parece que puede tener consecuencias tremendas si a alguien se le ocurre organizar una campaña para presentar demandas masivamente como aquella de los derechos de cancelación frente a los obispados y parroquias (q terminó con aquella sentencia del Supremo de infausta memoria).