domingo, 28 de abril de 2013

Megan's Law: Privacidad frente a bien común

Megan Kanka era una niña de 7 años a la que un pedarasta, que había sido condenado dos veces  por delitos sexuales, secuestró, violó y mató en el verano de 1994. El asesino vivía cerca de los padres de Megan, en Hamilton Township, New Jersey. Nadie en el vecindario sospechaba de él, ni podía imaginarse sus antecedentes penales.
 
Estos hechos generaron una gran alarma social en Estados Unidos y promovieron un cambio normativo que en nuestro país haría rasgarse las vestiduras a más de uno.
 
Megan's Law es el nombre con el que se conoce popularmente a las leyes que obligan a los diferentes Estados americanos a crear bases de datos de personas condenadas por delitos sexuales, permitiendo su acceso a los ciudadanos en distintas circunstancias. Cada estado decide qué información contiene este registro público de pedarastas (lo habitual es que incluyan nombre, fotografía, motivo de la condena y, muy importante, domicilio) y cómo se difunde. Resulta relativamente frecuente hacerlo a través de páginas web gubernamentales, pero no en todos los Estados es así. En New Jersey, precisamente, debido a distintos casos de acoso a delincuentes sexuales que dieron lugar a demandas contra las autoridades públicas, el acceso a la información del registro se encuentra muy limitado.
 
Las Leyes Megan plantean un intenso e interesante debate sobre los límites de la privacidad, en un contexto donde los derechos y libertades individuales se encuentran sobreprotegidos. En la sociedad norteamericana, que tiene una amplia tradición de activismo en defensa de los derechos civiles, son muchos los que opinan que estas disposiciones resultan demasiado intrusivas, que fomentan la psicosis y desembocan en el linchamiento de personas que buscan una segunda oportunidad. Además, nos encontramos con el hecho de que en algunos Estados se utiliza una definición de delincuente sexual demasiado amplia. Los detractores de los registros de pedarastas citan ejemplos de casos ridículos, como el de un joven de 19 años incluido en el registro de pedarastas por dejar embarazada a su novia de 15.
 
¿Por qué no se suprimen entonces estas leyes, que desde la perspectiva de nuestro derecho resultan tan incivilizadas?
 
En primer lugar, ningún político en su sano juicio propondría abolirlas: resulta demasiado arriesgado. El siguiente caso de secuestro o violación de un menor, le salpicaría, y, para qué engañarnos, siempre es preferible que se linche al que parece culpable a tener el abuso de un menor sobre nuestras espaldas.
 
Pero además, las Leyes Megan se aprobaron en respuesta a un requerimiento de la opinión pública, siguiendo los cauces establecidos por un sistema democrático. Aunque sea una obviedad decirlo, los registros de pedarastas son "legales". No nos encontramos ante una base de datos alimentada por el Gobierno a base de e-mails interceptados o de conversaciones de móvil grabadas por los servicios secretos. En este sentido, me atrevo a afirmar que cualquier padre, incluso uno socialdemócrata, querría saber si en su vecindario vive un "depredador sexual" si se le diera la oportunidad de acceder a dicha información.
 
Las Leyes Megan pretenden prevenir delitos que, de cometerse, tienen consecuencias difícilmente reparables, así como garantizar la seguridad pública. Desde luego, son dos aspectos que merecen protección (tanta como la santísima privacidad). Por otro lado, cumplen una función secundaria. ETZIONI, que ha realizado un análisis singularmente agudo del problema que les comento en el post de hoy, habla de utilizar "la vergüenza como forma de Justicia comunitaria". 
 
Lo cierto es que llevan cerca de 20 años funcionando, sin que los distintos procedimientos judiciales en los que se ha alegado su inconstitucionalidad hayan conseguido evitar su aplicación. Tampoco, todo hay que decirlo, se ha hundido la civilización occidental por no respetar los derechos de los pedarastas. En este caso, juega a favor de la norma la unánime repulsión que provocan los ataques sexuales a menores.
 
Algunos Estados han conseguido un equilibrio que evita la difusión innecesaria de datos de delincuentes sexuales (por ejemplo, sólo se comunican a responsables de centros educativos o trabajadores sociales, sin facilitar información a particuales), pero asegura cierto control sobre individuos con antecedentes. La cuestión que se plantea ahora es por qué no se extiende este sistema a otro tipo de delitos que afectan a colectivos tan dignos de protección como los menores. Y ya que estamos, ¿por qué no se hacen públicos delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de capitales?
 
Con esta reflexión, les dejo hasta mañana. Espero que no les provoque pesadillas.

No hay comentarios: