lunes, 28 de enero de 2013

El esfuerzo desproporcionado (I)

Como muchos de Ustedes saben, esta tarde he estado dando vueltas a ese bonito concepto jurídico indeterminado que mencionan tanto la LOPD como su reglamento de desarrollo mencionan en sus repectivos artículos 5 (¿Casualidad? No lo creo...). Me refiero, claro está, al "esfuerzo desproporcionado". En relación a la obligación de informar, el art. 5.5 LOPD determina lo siguiente:

"5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias."

Por su parte, el RLOPD a la hora de definir qué es un fichero no automatizado nos dice:

"n. Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica."

Además, aunque el RLOPD hable no de esfuerzos, sino de plazos o actividades, el concepto de "esfuerzo desproporcionado" se utiliza para determinar si una información puede considerarse dato de carácter personal. Así, en un informe del 2006, la Agencia indicaba:

"En consecuencia, el tratamiento de los datos correspondientes a las placas de matrícula de los vehículos se encontrará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 en caso de que se considere a los datos contendos en dichas placas datos de carácter personal, para lo que sería preciso que dichos datos pudieran permitir la identificación de un individuo sin que ello exija plazos o esfuerzos desproporcionados."

En función de este criterio, se concluía que la matrícula constituye un dato de carácter personal porque para relacionar esta información con una persona concreta basta con consultar un registro público:

"De lo que se ha venido indicando cabe desprender que la identificación del titular de los vehículos cuya matrícula sea conocida únicamente exigirá la consulta del Registro de Vehículos, cuya finalidad esencial es la identificación del titular, para lo cual únicamente será necesaria la invocación del interés legítimo del solicitante. En consecuencia, cabe considerar que la identificación del titular del vehículo no exige esfuerzos o plazos desproporcionados, por lo que el tratamiento del dato de la matrícula habrá de ser considerado como tratamiento de un dato de carácter personal."

 La existencia de un registro público constituye uno de los principales elementos que tiene en consideración la Agepedé a la hora de determinar si el esfuerzo es desproporcionado o no lo es. En el caso de los números de teléfono móvil, por ejemplo,donde  no existe un listado de este tipo, tenemos tenemos un informe en el que se nos dice que el simple número de móvil no constituye un dato de carácter personal si se trata de forma aislada. En este caso, la Agencia, siguiendo una Sentencia de la Audiencia Nacional, valora "el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona" para identificar al titular del teléfono.

Este tema da para mucho, pero me delicado estado de salud no me permite continuar. Veremos si termino el post mañana. Buenas noches.

domingo, 27 de enero de 2013

El indulto

Hoy, El Mundo, amanecía con la foto del kamikaze de Valencia, que condujo cinco kilómetros en dirección contraria hasta chocar con otro vehículo, matando a su conductor, de 25 años. 
 
El Mundo no sólo publica su nombre, algo que pocos medios han hecho, aunque era fácil de averiguar buscando un poco en Internet, sino que, como les digo, también nos obsequia con fotografías suyas, tres en total. En dos de ellas, Ramón Jorge Río aparece corriendo una maratón, con cara de circunstancias. El titular que las acompaña resulta digno de El País: "La carrera del kamicaze indultado. El Kamikaze indultado sigue corriendo". La tercera fotografía es una imagen del acto del juicio, probablemente obtenida de la grabación del mismo que se realizó en el Juzgado.
 
El Señor Río no sale muy mal parado en el artículo, que no se centra, exclusivamente, en resaltar las conexiones con el PP del abogado y el despacho que le representa. Se recoge además la opinión de sus amigos y familiares que lo describen como un buen padre, buen profesional, sano, deportista,... La verdad, en las fotos no parece un atleta, sino un hombre con cuarentaytantos años no muy bien llevados y cierto sobrepeso. Según nos cuentan en el periódico, nadie de su entorno se explica lo que pasó, ya que no da el perfil de conductor suicida. Sus jefes le apoyan y han hecho cuanto está en su mano para que no vaya a la cárcel. El propio Director de General Motors (el señor Río trabaja en Opel) firma la petición de indulto.
 
Al parecer, los indultos en casos de delitos relacionados con accidentes de tráfico son relativamente frecuentes, o eso nos da a entender el periódico. Tras la polémica que se ha generado con el caso del Señor Río, hemos conocido otras historias similares. El conductor que provocó un accidente en Huétor Santillán, por tomar una curva a 123 km/hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 40, también ha sido indultado. Las familias de los chicos que fallecieron por su culpa (chavales de 15, 17 y 21 años), anunciaban hace unos días que recurrirán al Supremo.
 
Independientemente de la valoración moral que merezca lo de indultar a diestro y siniestro, me gustaría que se fijaran en lo difícil que resulta ocultar quienes han sido los beneficiarios de estos privilegios. En primer lugar, encontrar el boletín en el que se publica el indulto no conlleva grandes problemas, aunque el BOE utilice mecanismo que impidan la indexación a los motores de Google. En segundo lugar, cualquiera puede comentar en su blog o en su perfil el asunto dando su opinión (sin sobrepasar los límites del derecho al honor). Por último, y esto me parece preocupante, los medios se ven beneficiados de la facilidad y la costumbre que tenemos todos de hacer fotografías en cualquier momento y en cualquier lugar.
 
Supongo que ver la fotografía del Señor del Río en la portada de El Mundo, y leer la crítica casi general que se ha hecho de su indulto, supondrá un consuelo para la familia de la víctima del accidente. Por otro lado, el kamikaze está sufriendo un linchamiento público a los que no se han enfrentado otros en su misma situación. Veremos si dentro de unos años el kamikaze ejerce su derecho al olvido. ¿Sería justo que Google eliminara los enlaces a las noticias que lo mencionan?

jueves, 3 de enero de 2013

¿Tiene la vida de las personas copyright? (y otras noticias de la actualidad)

En el post de hoy, les comentaré un par de noticias de actualidad desde el punto de vista jurídico. La primera, es de hace unos días. En El Mundo, aparecía publicada una entrevista a Clara Rojas, asesora y amiga de Ingrid Betancourt, con la que viajaba cuando ambas fueron secuestradas por las FARCS.
 
La historia de Clara Rojas resulta especialmente dramática. Sometida a un larguísimo cautiverio, tuvo un hijo con uno de sus captores. Las FARCS la separaron del niño cuando no había cumplido el año de edad, y se lo entregaron a un campesino para que lo cuidara.

Finalmente, Clara Roja fue liberada y pudo reencontrarse con su hijo, con el que ahora vive, tras una serie de casualidades rocambolescas en las que el campesino que se hizo cargo del bebé desempeña un papel destacado.

Este año se estrena una película, "Operación E", interpretada por Luis Tosar, que se basa en estos hechos. Según comenta Rojas en la entrevista que les mencionaba más arriba, ha sido rodada sin su autorización:
 
"(...) Yo sólo supe del proyecto por los medios de comunicación. Lo deseable hubiese sido que no hubiesen metido a mi hijo en toda la trama y nada de esto hubiese pasado, ni usar su nombre, ni su dolor, ni por supuesto el mío que es el que ha aparecido en los titulares de prensa para anunciar la película."
 
Aunque a primera vista, todos pensamos que debe existir algún mecanismo legal que impida que la vida de uno sea llevada a la pantalla sin nuestro consentimiento, la cosa no es tan sencilla.

En algún sitio he leído (no esperen que me levante de la cama a buscar la cita), que cuando Orson Welles le preguntó a su abogado si se podría plantear algún problema legal por inspirarse en la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearts para escribir el guión de Ciudadano Kane, éste le respondió: "La vida de las personas no tiene copyright".

No sé si es cierto o no. Tras el estreno de la película, tanto Welles como Mankiewicz, coautores del guión,  negaron que su personaje fuera Hearts. Algunos críticos, además, pusieron de manifiesto que utilizaron anécdotas publicadas en la prensa de la época sobre distintos millonarios americanos, por lo que el protagonista sería en todo caso una mezcla de caracterísiticas de varias personas reales. Hearts, por su parte, se vió reflejado en Kane de tal forma, que boicoteó el film en la medida de sus posibilidades, que eran muchas. "Ciudadano Kane" fue un fracaso comercial, que hizo perder mucho dinero a la RKO, aunque la crítica reconoció unánimente su enorme valor artístico.

Pero esa es otra historia. Volvamos a la frase del abogado de Welles, que me parece de lo más contundente. En el derecho español, la propiedad intelectual no protege la vida de una persona.  Es decir, no tenemos derechos de autor sobre los hechos que forman parte de nuestra existencia, a no ser, eso sí, que los plasmemos en una obra, por ejemplo, en una autobiografía.

Por tanto, en principio, cualquiera podría inspirarse en nuestra vida para escribir un guión sin necesidad de pagarnos un duro. Eso sí, en caso de que se vulnerara nuestro derecho al honor o nuestro derecho a la intimidad (derechos de límites bastante difusos en el caso de personajes de relevancia pública), o se utilizara nuestra imagen de forma indebida, sí podríamos ejercer las acciones derivadas de la Ley Orgánica 1/1982. Creo que hay alguna sentencia en los tribunales españoles sobre supuestos similares (de nuevo, no esperen que me levante). Dejo aquí el tema. Les prometo desarrollarlo más adelante.

El segundo asunto que quería comentarles hoy es la filtración de las grabaciones del servicio de atención telefónica del SAMUR, correspondientes a la noche en que produjo la tragedia del Madrid Arena. Me extraña que a estas horas no haya tres posts escritos sobre el particular (la verdad, ardo en deseos de saber sus opiniones).

Los servicios de emergencia suelen grabar las llamadas que reciben. En principio, todos los trabajadores que atienden estas líneas, conocen tal circunstancias y probablemente (aunque no pongo la mano en el fuego), habrán sido informados del tratamiento que se dará a sus datos de acuerdo al art.5 de la LOPD. Las cláusulas informativas más habituales indican que la finalidad para la que se utilizará la grabación será la adecuada gestión del servicio que se facilita, el control de calidad o el cumplimiento de alguna norma sectorial.

No sé cómo han conseguido estas grabaciones los periodistas de EL MUNDO. En cualquier caso, esta filtración implica que, como mínimo, pongamos en duda el correcto cumplimiento de los artículos 9 y 10 LOPD por parte del responsable del fichero. Este caso me recuerda bastante a la publicación, también en EL MUNDO, de aquella foto de la ficha policial de Correa tomada en la Comisaría en que fue detenido. Revisen el post que escribí al respecto.

A quien veo difícil que se le exija alguna responsabilidad desde el punto de vista de la protección de datos es al periódico, por aquello de la colisión de dos derechos fundamentales, la preeminencia del derecho a la información, y bla, bla, bla.

Perdonen que corte aquí de manera tan brusca. Me duele la espalda y una persona con la salud tan delicada como yo, no puede cometer excesos ni trasnochar de esta forma. Espero que sabrán comprenderme.

Buenas noches.

martes, 1 de enero de 2013

Límites a la libertad de expresión: Insultos disfrazados de escrito administrativo

Comenzamos el año hablando sobre el derecho a la libertad de expresión, tema que tenía pendiente desde hace tiempo. Como verán, es un derecho del que se abusa tanto como del derecho fundamental a la protección de datos.

La Sentencia del Tribunal Constitucional que he seleccionado (STC 241/1999, de 20 de diciembre de 1999), un poco antigua, refleja una conducta hasta cierto punto frecuente: El uso de recursos o escritos administrativos para desahogarse, para ejercer el derecho al pataleo aún sabiendo que no se va a conseguir nada con él, cuando uno se encuentra con actuaciones de las Administración Públicas que se consideran injustas.

En este caso, el que pataleaba no era un ciudadano, sino un señor que prestaba servicios como monitor de terapia ocupacional en un Hospital del INSALUD, que estaba sujeto al Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones no Sanitarias de las Seguridad Social (Orden de 5 de julio de 1971). Por ello, su escrito tuvo como consecuencia que se le impusiera una sanción disciplinaria.

Vayamos a los hechos: Nuestro monitor solicitó un permiso horario para participar en un curso de formación. Al tener constancia de que se le había denegado, dirigió un escrito a la Dirección del Hospital el escrito que les reproduzco a continuación:

"Sr. Director Gerente del Hospital X

Zaragoza, 29 de mayo de 1993.

D. X, Monitor de Terapia Ocupacional, del Hospital X (personal no sanitario), adscrito al Departamento de Rehabilitación del C.R.T.Q., con fecha de ingreso el 1/8/1971.

Con relación al permiso solicitado en el día de ayer 28 de mayo, para asistir al curso de "Derecho sanitario", en el salón de actos, EXPONE:

I. Que con una rapidez poco habitual, en el mismo día han contestado sobre la "no concesion del permiso horario" (fotocI).
II. El mencionado Curso de "Derecho sanitario", lo considera el firmante, de enorme interés para su formación, en la materia de "Gestión Sanitaria", en la que lleva mucho tiempo adquiriendo una intensa formación.

III. Como es una práctica bastante habitual en este Hospital en las relaciones laborales, se carece en todo momento, de "Hábito negociador y de dialogo", utilizando como instrumentos: "El silencio, la amenaza, la mentira y la represalia", olvidando (quién ha denegado el permiso) que se está en un estado social y de derecho, quedando atrás los tristes años de la dictadura, que muchos se empeñan en no olvidar, recordándonos con actitudes como ésta, de la no concesión de un permiso horario, para asistir al curso de "ªDerecho sanitario".

IV. Como personal no sanitario, nunca he asistido a ningún curso organizado por el propio hospital, porque no los ha hecho, al estar olvidado el colectivo al que pertenezco.

V. Aunque soy consciente que este escrito, no va hacer cambiar nada, mi obligación es ponérselo en su conocimiento, reafirmando con este hecho denegatorio, estar en la vía adecuada en las reivindicaciones y escritos planteados, no cejando en mi empeño hasta el final, máxime al recibir en la más mínima ocasión la respuesta de la "represalia".
Por todo lo expuesto,

SE SOLICITA:

Se me conteste por escrito y de manera motivada, sobre la "no concesión del permiso solicitado"para asistir al curso de "Derecho sanitario", presentando por escrito el 28/V/93, por triplicado y con carta dirigida al Sr. Gerente de este Hospital".

El Director Gerente, considerando este escrito vejatorio, abrió procedimiento disciplinario al autor por faltar al respeto a un superior jerárquico. Como podrán imaginar, la sanción disciplinaria impuesta tuvo como resultado una serie de recursos en vía administrativa y de reclamaciones en el ámbito laboral, que culminaron con la Sentencia del Tribunal Constitucional que hoy les comento, seis años después del dichoso curso que originó todo (sobre Derecho Sanitario, además, que debe de ser de lo más interesante).

Ya habrán imaginado que el trabajador argumentó que su derecho a la libertad de expresión le amparaba a realizar los comentarios incluidos en su escrito. El Tribunal Constitucional determina que ciertas expresiones, como aquellas en las que se acusa a la Dirección del Centro de "falta «de hábitonegociador y de diálogo, utilizando como instrumentos: el silencio, la amenaza, la mentira, y la represalia", resulta innecesarias para la legítima defensa de los intereses del trabajador. Se utilizan con una finalidad meramente agraviante y ofensiva, sin que el trabajador haya podido probar la veracidad de sus palabras (por ejemplo, que se le ha amenazado en algún momento).

Concluye el Tribunal Constitucional:

"Consecuentemente no puede considerarse amparada la actuación sancionable del demandante de amparo por el art. 20.1 a) C.E. No se conformó el recurrente, en suma, con expresar su descontento por el discurrir de las relaciones de trabajo en el Hospital y con reclamar, al calor de esa denuncia, la motivación del acto denegatorio en función de su posterior defensa jurisdiccional.
 
Las manifestaciones hechas, al contrario, ya en abstracto, ya en su contexto, entrañaron una extralimitación no amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión.
 
El INSALUD, en consecuencia, no sancionó la libertad de crítica; invocó un límite demostrativo del exceso en su ejercicio, lo que legitima la reacción disciplinaria que se produjo."

La moraleja que deben Ustedes sacar de esto es que, a la hora de insultar en un escrito administrativo, hay que ser sutil y revestir lo que se cuente de un aire de objevidad.