jueves, 26 de abril de 2012

¿Para qué sirven las leyes anti-SPAM (Vol. IV)?

La verdad es que las resoluciones de la AEPD en supuestos de SPAM no tienen desperdicio cuando uno se para a leerlas. En la resolución R/02623/2010 (PS/00540/2010), una entidad remite correos electrónicos a diversos destinatarios, sin copia oculta, informando de la creación de un nuevo departamento dirigido a las empresas especializadas en mantenimiento y reparación de equipos informáticos”

Uno de los receptores del correo electrónico, denuncia los hechos a la Agencia y ésta abre procedimiento sancionador. A continuación, les reproduzco unos párrafos de la resolución comentada, que a su vez citan las alegaciones presentada por el spammer, y que me parecen de una calidad literaria difícilmente superable (el subrayado es de Ad Edictum):

"Notificado el citado Acuerdo de inicio, FUNDACION PRIVADA JUVINTER presentó alegaciones en las que señaló que:
En primer lugar manifestar que la empresa denunciante aparece en mi base de datos desde el año 2003 como posible cliente de equipamiento informático y es por eso que con fecha 7-4-2010 enviamos a todos nuestros contactos información sobre un nuevo departamento creado exclusivamente para distribuidores de informática.
Mi sorpresa fue magnifica cuando en el mes de Agosto recibimos una llamada de un compañero tuyo con la noticia de la demanda interpuesta por ON-LINE SERVICE 2000,S.L.
En el siglo XXI se utilizan las herramientas de trabajo más eficaces para transmitir y recibir información y me parece de muy mal gusto que alguien de nuestro sector se atreva a denunciar, aunque investigando la actividad del demandante no cabe esperar otra cosa.
En nuestra entidad se reciben cada día más de 150 correos y aseguro que en un 90% de los casos es información tremendamente útil, ya que las noticias varían a una velocidad vertiginosa y como se ha dicho desde tiempo inmemorial “la información es poder”.
No admito culpa alguna, ya que mi obligación es transmitir a empresas de nuestro sector las novedades de nuestra entidad.
Espero que se entienda mi posición y que no prospere este procedimiento y si no fuera así, que nos perjudique en sanción muy leve aunque lo justo sería nula, ya que dadas las circunstancias actuales, lo más importante es mantener la actividad, los puestos de trabajo y esperar que estos malos tiempos finalicen.”

Ojo al dato (nunca mejor dicho), con la buen gusto que demuestra el inspector/instructor que reproduce las alegaciones para que todos podamos disfrutar de ellas.  En fin, la Agencia sancionó a la Fundación Privada Juvinter con 600 € por incumplimiento de la LSSICE y 1.500 € por incumplimiento del art. 10 de la LOPD. Yo habría archivado las actuaciones.

¿Para qué sirven las leyes anti-SPAM (Vol. III)?

La resolución de hoy es, sencillamente, inquietante.

Una sociedad española decide ponerse en contacto con una empresa italiana del sector de las mudanzas, y para ello, le remite un correo electrónico a la dirección que figura en su página web. No sabemos el contenido del e-mail, pero presuponemos que se trataría de una proposición de colaboración o de una oferta de servicios. La empresa italiana, quizás por error, había configurado la cuenta de correo electrónico de tal forma que todos los emails recibidos en ella se re-direccionan automáticamente a otro buzón de correo, un email privado abierto en un servidor gratuito. El titular de esta cuenta gratuita recibió, por tanto, el correo de la empresa española, y con él en la mano, se dirigió al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI y presentó una denuncia.

Al verificar la autoridad italiana que la empresa que envía el correo se encuentra domiciliada en nuestro país, solicita la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos.  

La AEPD da por probado el hecho de que el correo electrónico no iba dirigido al denunciando. Aún así considera que se trata de una comunicación comercial no solicitada y sanciona a la sociedad española con una multa de 600 €.  

Comparen esta resolución con las que hemos venido comentando estos días ¿No les parece tremendamente injusto?

Lean el texto completo de la resolución aquí.

domingo, 22 de abril de 2012

Más sobre el derecho al olvido

Hasta ahora se había hablado del derecho al olvido en el ámbito penal y en el político, no siempre con las connotaciones positivas con que ahora se lo reclama.

En derecho penal, se asocia al concepto de reinserción. Quien ha cumplido su pena y ha “pagado” su deuda con la sociedad tiene derecho a no seguir soportando las consecuencias de lo que hizo. Las penas está limitadas en el tiempo: la cadena perpetua y la condena a muerte, se consideran inhumanas. De la misma forma, recordar por siempre lo que ha sucedido resultaría un castigo añadido, que además impediría la reinserción en la sociedad del culpable.

Desde una perspectiva política, no estrictamente jurídica, el derecho al olvido surge paralelo al derecho al recuerdo o a la memoria, y éste es el resultado de un nuevo concepto de víctima, y de otro derecho más, un derecho al reconocimiento de que se ha sufrido (represión, tortura, expropiación, una situación injusta,…).

Así, se habla de derecho al recuerdo, derecho a la memoria o derecho a la verdad, nombres a cada cual más ilustrativo del bien jurídico que se pretende proteger. El derecho al olvido comparte con todos ellos una denominación atractiva, casi poética, en la que reside parte de la atención que se le está prestando en periódicos y medios de comunicación. Sin embargo, para algunas empresas puede no resultarlo cuando se pone en duda su negocio: Es el caso de Google.

Está claro que nos ha tocado vivir en la sociedad o la era de información, y los nuevos derechos que surgen o que se desgajan de otros (los derechos, como los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren) giran en torno a este activo. Todo se ve influido por el exceso de información, o mejor dicho, por las posibilidades que facilita la tecnología para acceder a ella. El derecho al olvido aparece ligado a un nuevo concepto de lo que es lícito o no publicar, de lo que debemos o no saber de los demás, en un contexto en el que las tecnologías nos permiten conocer detalles insólitos (más que íntimos) de cualquier persona.

Como podrán imaginarse, lo que les acabo de comentar conlleva un matiz ético importante: ¿En qué circunstancias tiene una persona derecho a exigir que su pasado, incluyendo los delitos que haya podido cometer frente a terceros, no sea conocido por nadie? ¿Sería legítimo que una víctima hiciera público quién ha sido su agresor en una página de Internet? ¿Debería la ley otorgar facultades a una persona para borrar de la historia los acontecimientos en los que ha participado? ¿Cómo valorar el interés de una persona que ejercer su derecho de oposición frente a un periódico?

El derecho al olvido no me despierta ninguna simpatía, sobre todo, porque muy pocos parecen darse cuenta de los peligros que tiene reconocer a una persona la facultad de decidir, sin límites, qué se puede conocer o publicar sobre ella. 

El aparato de propaganda comunista de la Unión Soviética  desarrolló técnicas muy efectivas (ahora rudimentarias) de retoque fotográfico, con la intención de eliminar de las imágenes oficiales a personajes molestos, políticos caidos en desgracia como León Trotsky o Nikolai Yezhov. El derecho al olvido que muchos reclaman viene a ser lo mismo. Se envía el mensaje de que se puede reescribir la historia, se puede cambiar lo que ha pasado. No importa lo que Usted haya hecho, que no tendrá consecuencias en su futuro, no necesitará hacerse responsable de ello. Bórrese Usted mismo de la foto, y haga como si no hubiera estado allí.

viernes, 20 de abril de 2012

Google, condenado a olvidar en Fracia

En Francia, el Tribunal de Gran Instancia de París dictó una resolución, el 15 de febrero pasado, en la que condena a Google a desindexar datos a petición de un particular.

Dicha petición proviene de una antigua actriz porno, ahora secretaria, que ha visto afectada su vida privada por las películas que rodó en el pasado: Al introducir su nombre en el cajetín de búsqueda de Googe.com y Google.fr,  aparecían links a su filmografía.
En este punto, conviene recapacitar  que nadie la obligó a actuar en esas películas, ni aparecer en ellas es un acto ilegal. Realizó un trabajo, cedió sus derechos de imagen y cobró por ello. Ahora, después de mucho tiempo, ha rehecho su vida (entiendan la valoración peyorativa que del trabajo de actriz porno que lleva implícita su demanda sin decirlo claramente),  se arrepiente de su pasado (fue un error de juventud), y pretende cargar en Google la responsabilidad de hacer que el resto del mundo olvide lo que hizo. Se supone que esto es un derecho (¡Toma ya! ). 

La demandante se dirigió a Google solicitando que dejaran de vincularse a su nombre resultados de contenido pornográficos en el motor de búsqueda. Google respondió, en su línea habitual, que debía ponerse en contacto con los responsables de la web de origen, algo que intentó hacer sin éxito la demandada.
Como ven, se trata de un litigio similar a los procedimientos abiertos en nuestro país por la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, no es la Autoridad Francesa equivalente la que ordena la desindexación a Google, sino un tribunal civil, si bien la petición de la demandante se basa en el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos reconocidos en el art. 38 de la Ley de 6 de enero de 1978 conocida como Ley Informática y Libertades (la LOPD francesa como dirían los horteras).
El Tribunal considera sin dar mayores explicaciones que los resultados de la búsqueda afectan gravemente a la intimidad de Madame Diana Z. (No es un nombre que yo me invente, que conste. Así es cómo se identifica a la demandante en el texto completo de la resolución que comentamos y que ha sido puesto en línea por el portal francés Legalis). Por tanto, sin mayores explicaciones ni razonamientos más prolijos, Google debe proceder a su desindexación.

Y no sólo eso. También determina que la compañía americana debe facilitar a la demandante todos los datos de que disponga en relación a una cuenta de correo de Gmail, que figura como dirección de contacto de una de las webs que facilita el contenido pornográfico.

Texto completo de la resolución aquí.