viernes, 30 de diciembre de 2011

Atraco a las tres

Les invito a leer la resolución R/02348/2011. Les va a parecer de lo más interesante.

Lo primero que les sorprenderá es que el procedimiento se refiere a unas actuaciones inciadas de oficio en 2006, en relación a hechos acaecidos dos años antes. En concreto, se investiga una denuncia presentada por un particular y que se refiere a hechos ya publicados en un artículo de la revista “Mercado del Dinero”. En él, se informaba de la aparición de diversa documentación de clientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en un contenedor de basuras de una céntrica calle de Madrid.

Se trataba de documentación relativa a trámites de gestión hipotecaria de los que se encargaba una empresa contratada por el BBVA para llevar a cabo dichas tareas. Esta empresa sufrió un robo en sus oficinas, que fue denunciado el mismo día que se produjo. Supongo que la historia les suena. Pero créanme, en esta resolución, descubrirán elementos novedosos.

El colaborador de la publicación que encontró la documentación en la calle, intentó extorsionar al BBVA, motivo por el fue denunciado. Debemos resaltar que esto se produjo después de la aparición del artículo en "Mercado de Dinero", sin que esta entidad participara de ninguna forma, cuando el extorsionador ya no formaba parte de su plantilla.

Monsieur le Directeur, acordó suspender el procedimiento sancionador, en cumplimiento del art. 7 del Real Decreto 1398/1993, hasta que recayera resolución judicial. La sentencia firme que se comunica en 2011 a la AEPD y se reproduce en parte en el documento de la Agencia, se pronuncia en los siguientes términos:

"Se declara probado que el acusado (…), mayor de edad y sin antecedentes penales, en su condición de Director de “Extraconfidencial.com”, con ánimo de lucro, contactó en tres ocasiones con C.C.C., empleado del BBVA del área de comunicación e imagen, teniendo lugar dos de ellas a finales de mayo y principios de junio del año 2.006. En Ia última reunión, que tuvo lugar el día 1 de junio de 2.006 y fue grabada sin conocimiento del acusado, este exigió a C.C.C. que se comprometiera, en nombre del BBVA, bien al pago de la cantidad de 72.000 euros o, alternativamente, a Ia contratación de espacios publicitarios en la revista “ “Extraconfidencial.com” por el mismo importe, a cambio de la entrega de una serie de expedientes con datos de carácter personal de clientes del BBVA que obraban en su poder, manifestándole que en el caso de no ser atendido dicho requerimiento procedería a iniciar las acciones pertinentes ante la Agenda Española de Protección de Datos, por Ia pérdida por parte del BBVA de dichos expedientes, con vulneración de las normas de guarda, custodia y seguridad de documentos, así como a la publicación de esta noticia en la revista “ Extraconfidencial.com” con la consiguiente repercusión mediática, que resultaría perjudicial para la credibilidad del BBVA. El acusado, con Ia finalidad de presionar y apremiar al BBVA, para que aceptara su propuesta envió distintos correos electrónicos a C.C.C., informándole del contenido de Ia reunión que habla mantenido con H.H.H., empleado de la Agencia Española de Protección de Datos y de las sanciones que podrían imponerse al BBVA por dicha Agencia por el extravío de documentación confidencial.

El origen de que dichos documentos llegaran a poder del acusado se encuentra en una sustracción acaecida en el mes de agosto del año 2.004 en la sede de la Gestoría Cibergestión Hipotecaria, S.L., entidad que prestaba servicios de gestión hipotecaria al BBVA, sustracción que fue denunciada en su día, sin que conste que el acusado participara en dicha sustracción ni tuviera conocimiento de la misma.

Así las cosas, el acusado viendo que su requerimiento no habla sido satisfecho envió un sobre a la Agencia Española de Protección de Datos que fue recepcionado el 15 de junio de 2.006, conteniendo en el mismo 17 folios relativos a los mencionados expedientes, iniciándose por la Agencia Española de Protección de Datos el procedimiento sancionador núm. PS/00125/2006 contra BBVA."

La Agencia Española de Protección de Datos, creo que con buen criterio, archivó la denuncia presentada contra el BBVA y Cibergestión Hipotecaria, su encargado del tratamiento. El argumento que da es que hay una setencia judicial firma que determina que los documentos fueron robados, y de acuerdo al artículo 7 del citado Real Decreto 1398/1993, "los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien".

Concluye Monsieur le Directeur: "Así habiendo quedado acreditado, de acuerdo con el contenido de la citada sentencia, que Cibergestión fue objeto de una sustracción y que la misma fue denunciada, no procede imputar a Cibergestión infracción alguna del art. 9 y 10 de la LOPD, procediendo el archivo de las presentes actuaciones frente a la citada entidad."

Creo que a más de unos les parecerá injusta esta resolución por apartarse de criterios mantenidos anteriormente por la Agencia. A mí, me parece que lo injusto es fomentar conductas que promueven la extorsión amparándose en los derechos fundamentales.

Intimidad y Justicia

San Agustín escribió que un estado sin Justicia no se diferencia en nada de una banda de ladrones. Bueno, él no utilizó el término "estado", ya que, como saben, éste es un hallazgo semántico que corresponde a Maquiavelo. Sin embargo, sus palabras no dejan de ser ciertas después de tantos años y tantos cambios en la organización política de nuestras sociedades.

Aunque sea muy difícil definir qué es la Justicia, y no voy a recurrir a definiciones clásicas, creo que todos coincidiremos en que implica tanto premiar los méritos como castigar lo incorrecto. Por eso, a veces decimos que "es de Justicia" que se reconozca a tal o cual persona su valía.

Ser justo no equivale siempre a castigar, sino a hacer lo correcto en cada situación. Cada vez más, en países de nuestro entorno, se habla de Justicia Social para referirse a las políticas que intentan mitigar desigualdades o permitir a las minorías integrarse. Es muy discutible, desde luego, pero para muchos resulta justa la discriminación positiva que obliga a reservar un determinado numero de plazas para minorías étnicas, o a nombrar a mujeres para ocupar puestos directivos.

Compartamos o no estas ideas, no podemos negar que la Justicia comprende otros valores, como la igualdad (ante la ley y de oportunidades), la dignidad o la honestidad, e implica la comprensión de las motivaciones y circunstancias de los otros.

En esto sí estaremos de acuerdo: todos los sistemas penales reconocen atenuantes y eximentes. Quien mata en defensa propia no debería recibir el mismo trato que quien lo hace para heredar una cuatiosa suma de dinero, con premeditación y alevosía. A un débil mental (expresión que siempre me ha encantado y que utilizo cada vez con más frecuencia) no se le puede exigir la misma responsabilidad que a aquél que conoce las consecuenias de sus actos.

Cuando se aplica rigurosa y literalmente la ley, sin tener en cuenta todas las circunstancias, se corre el riesgo de actuar injustamente. Pero atención: Justicia no significa perdonar. El perdón, o en términos penales, el indulto, aparece como excepción una vez que "se ha hecho justicia".

Les diré algo que quizás les escandalice: No comparto la opinión de que las penas deban orientarse a la reinserción o la reeducación. Éstas pueden ser elementos accesorios y deseables, pero no forman parte de la Justicia. El castigo sí, y por ello constituye un fin en sí mismo. Si se prima la reinserción sobre el castigo, tendremos la sensación de que el criminal "no ha recibido lo que merece", como se suele decir.

También contribuye a la impunidad del delincuente no mostrar que la Justicia se ha hecho, no dar la adecuada publicidad al proceso y a la sentencia, sobre todo, si ello se hace por respeto a los derechos del castigado. No pretendo que el castigado pierda todos sus derechos civiles, sino que la Justicia sea completa. La Justicia no es sólo un valor jurídico. Tiene un componente moral que sobrepasa la aplicación formal de las leyes. Si alguien roba y se le castiga por ello, ¿puede exigir que nadie se entere de lo que ha hecho porque el delito forma parte de su esfera íntima? ¿puede pedir que nadie más le juzgue porque ya ha sido juzgado y condenado por un juez "profesional"?

Ésta es una actitud un poco cínica. Imaginemos que un individuo roba en una tienda, y el dueño le descubre: "Oiga, Usted es un ladrón". "Disculpe, pero no tiene derecho a llamarme ladrón en voz alta delante de todo el mundo. Si soy o no un ladrón, es un asunto personal que no le interesa a nadie, y en cualquier caso, quien debe decir si he robado o no es un Juez".

Es la misma hipocresía que se ampara en derechos fundamentales para ocultar lo malo y lo vergonzoso de una conducta. Un acto no deja de ser deshonesto porque su autor pague una multa o pase determinados años en prisión. Quien mata y cumple su pena, que generalmente no llega a 30 años, no deja de ser un asesino, porque la honradez no es un formalismo. La sociedad que reduce la Justicia a una cuestión procesal va camino de convertirse en una banda de ladrones.

martes, 27 de diciembre de 2011

Año Nuevo, vida nueva




La Dirección de Ad Edictum les desea un Año 2012 lleno de Lopedé y buenos propósitos incumplidos