miércoles, 14 de septiembre de 2011

Lo público y lo privado

Como comentábamos hace unos días, en las redes sociales se mezcla lo profesional y lo personal, lo público y lo privado. Permiten una comunicación tan directa con el cliente, con el consumidor, con el colega o con compañero de trabajo, que estos límites se difuminan. 

Lo vemos claramente en la manera en la que está evolucionando la publicidad en Twitter o en Facebook. Ya no se busca "vender" las bondades de un producto lanzando consignas o frases ingeniosas. Ahora se quiere que el comprador participe, comente el producto, lo recomiende. La empresa facilita contenidos de interés relacionados con sus servicios, aporta valores añadidos no simple propaganda. El seguidor o fan no recibe este mensaje cruzado de brazos, puede interactuar con otra persona detrás de un logo o una marca (y es eso, precisamente lo que se fomenta, lo permite obtener buenos resultados). Se trata de una publicidad "conversacional".

Este punto enlaza con la serie que estoy escribiendo sobre comunicaciones comerciales ¿Resulta conveniente aplicar al nuevo concepto de publicidad que estamos viendo en las redes sociales las regulaciones contra el SPAM que prevé nuestra LSSICE? Las normas no siempre se interpretan en su sentido literal. Más importante que esto resulta atender al contexto en el que se redactaron y al que se pretenden aplicar para evitar resultados absurdos.

En fin, ya continuaré profudizando en esta idea en otra entrada. No quiero terminar ésta sin comentarles otra sentencia de un tribunal francés que me ha resultado muy curiosa. En ella, se marcan límites al "derecho al pataleo" en la red.

Verán lo que pasó: Un señor contrató con una empresa la construcción de su casa. El edificio le fue entregado con ciertos vicios cuya reparación o coste no pudo conseguir que la constructora asumiera, ya que entró en concurso de acreedores poco después. El propietario descubrió que los socios de la entidad quebrada habían creado otra sociedad nueva con el mismo objeto social. Muy enfadado por lo que consideraba una estafa, comenzó a contar su caso en foros y blogs de Internet (entre otras cosas, creó bitácoras con la denominación de las dos sociedades).

El TGI de Montpellier dictó una sentencia el pasado 7 de julio en la que, a pesar de que reconce el derecho a la libertad de expresión, impone como límites a éste la moderación y la prudencia. Tras leer los comentarios estractados en el texto de la resolución, debo confesar que no me parecen nada excesivos. El Tribunal podría haber fallado igualmente a favor del demandado puesto que resulta complicado dar contenido a conceptos como "moderación" o "prudencia" cuando se está opinando sobre temas que afectan a uno personalmente.

En España, este tipo de conductas podrían ser objeto de acciones civiles o penales (dependiendo de los comentarios) de defensa del derecho al honor de la sociedad afectada. Todavía no tenemos ninguna resolución al respecto.

Con esto, les dejo hasta mañana. Me voy a ver "El fantasma y la Señora Muir". Buenas noches.

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