domingo, 25 de septiembre de 2011

Facebook y el secreto profesional

Si en nuestro país no hay demasiadas sentencias (hasta la fecha) en las que se discuta la legalidad del uso de las redes sociales que hacen trabajadores o particulares y que afectan al derecho de terceros, los tribunales franceses nos están regalando una resolución tras otra sobre este particular.

La sentencia que les voy a comentar hoy se remonta a hechos que ocurrieron en la noche del 7 de diciembre de 2008. Una persona fue agredida en un autobús de París. Las cámaras de videovigilancia captaron la escena, lo que permitió identificar al agresor, juzgarle y condenarle.

El asunto se habría quedado aquí si no hubiera sido porque un policía, que tuvo acceso a las imágenes grabadas en su puesto de trabajo, las copio en un USB y las colgó en su perfil de Facebook.

En ese momento, tenía 109 amigos, lo que no está mal para un joven de 27 años. Alguno de ellos, probablemente, lo distribuyó fuera de la red social. En cuestión de horas, el vídeo pasó a Youtube, a  Dailymotion y a un sitio relacionado con el Front National. Tuvo una difusión considerable, y como es lógico, distintos medios de comunicación (como por ejemplo el periódico gratuito "20 minutes", equivalente al que existe en España, y que, como aquí,  se reparte sobre todo en transportes públicos) investigaron su origen hasta dar con la cuenta de Facebook del policía.

La víctima presentó una denuncia contra él, que explicó que había tenido acceso a las imágenes en un ordenador de la sala de redacción de la comisaría de la Estación de Lyon, y que desconocía que dichas imágenes tuvieran un carácter reservado.

El Tribunal consideró que un funcionario encargado del mantenimiento de la seguridad de los transportes públicos no puede alegar tal desconocimiento, y condenó al autor de los hechos al pago de 3.500 euros a la víctima, y a dos meses de prisión con prórroga.

En España, esta conducta podría ser constitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público, previsto en el art. 198 del Código Penal.

Independientemente de ello, la víctima tendría a su disposición el ejercicio acciones civiles en defensa de su derecho al honor (lo que le permitiría obtener una indemnización económica) y la posibilidad de presentar denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. En este último caso, creo que se debería presentar no ante el policía, sino ante la Comisaría en la que recaía el deber de adoptar medidas de seguridad en relación a los ficheros de los que es responsable. No obstante, existen precedentes, que ya les comenté en otra ocasión, en los que la AEPD ha sancionado a particulares por difusión de vídeos en la red. La justificación para sancionar en estos casos es que el número de receptores de las imágenes hace que no se pueda alegar la excepción de tratamiento doméstico.

Pueden consultar la Senetencia de 6 de septiembre de 2011, del Tribunal de Grande Instance de Paris (17ème chambre Jugement) aquí.

No hay comentarios: