miércoles, 6 de abril de 2011

Derecho al olvido: Aspectos prácticos

Que la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido estimar las tutelas de ejercicio de derecho de oposición (e incluso de cancelación) que se presenten frente a Google, nadie lo pone en duda. Lo que no está tan claro es que esto sirva para eliminar la presencia en Internet del dato que motiva nuestra petición. En otras palabras, la AEPD ya ha expuesto en distintos medios su criterio sobre este particular (que Google debe cancelar el dato y que la solicitud puede remitirse a Google Spain, quien está obligado a tramitarla), pero queda por ver la eficia práctica de sus buenos deseos e intenciones.

Un dato suyo puede aparecer en Internet por distintos motivos:

- Porque un amigo o familiar suyo cuelga su fotografía en Facebook, tuenti o un blog.
- Porque hay una noticia que le menciona en un periódico digital o en papel que forma parte de la hemeroteca virtual de algún medio.
- Porque ha obtenido una beca, ha aprobado una oposición, se le ha indultado, se le ha multado o embargado, y la resolución correspondiente se publica en el BOE.
- Porque un tercero, de mala fe, está utilizando un blog, un foro o una web privada para subir información sobre usted que es falsa, injuriosa o atenta contra su honor.

En fin, las posibilidades son muchas. En ocasiones, logrará que se retire el dato dirigiéndose a  la empresa que presta el servicio utilizado por quien sube la información a la red, o incluso al responsable de dicha publicación. En otras no porque, sencillamente, la publicación es legal o la empresa o entidad que la gestiona considera que no es su deber retirar el dato: Esto ocurre, en la mayor parte de los casos en que se publican datos en el BOE o en medios de comunicación digitales, y también cuando el responsable de la publicación es una Administración Pública que sigue un procedimiento establecido o da publicidad a determinados actos.

Probablemente, la Agencia sabe que en estos casos va  a conseguir poca colaboración e implicación de los responsables de las webs: Ni los periódicos van a dejar de publicar noticias con nombres y apellidos de los implicados en ellas (tienen la jurisprudencia del constitucional a su favor para ejercer el derecho de información y de libertad de expresión aunque vulneren otros intereses legítimos), ni una Administración Pública, ni el BOE van a aterrarse porque la AEPD les abra un procedimiento (no pagan multas, señores: la Agencia no les hace temblar).

Y esto por no hablar de los casos en los que la publicación la realiza un tercero de mala fe desde fuera de España o de forma anónima. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que Usted es médico y participa en distintas conferencias y eventos, por lo que es fácil encontrar sus datos en webs profesionales. Un tipo en Colombia dice tener una clínica de cirugía, coge su fotografía y su cv de una de esas web profesionales y los cuelga en su site diciendo que en la clínica Y cuentan con sus servicios...Vaya a denunciarlo a Agencia, a ver qué le dicen...

Quizás por todo esto, la AEPD ha cogido por banda a Google. ¿Se resuelve así su problema en estos casos? Cuando comenzaron a estimarse tutelas, parecía que sí, pero se ha llegado a un punto en el que el buscador ha tomado la decisión de no hacer efectivo lo ordenado en las resoluciones de la AEPD y recurrirlas ante la Audiencia Nacional. ¿Es conveniente ejercer el derecho de oposición frente a Google? No pierde nada. Además, solicitar la tutela de la AEPD es gratis, no necesita ni abogado ni procurador. No le queda más que esperar a que la Agencia mueva ficha.

Eso es lo que hay por ahora: No existen soluciones rápidas y efectivas al 100% en cualquier situación. Prueben suerte poniéndose en contacto con los webmasters, ejerzan sus derechos de oposición y cancelación ante Google, consulten a un abogado para interponer querellas o incoar acciones en defensa de su honor... pero aún así no podrán hacer desaparecer siempre, sin excepción, sus datos. Algunas soluciones, además, se dilatarán en el tiempo y conllevarán gastos importantes. En fin, no vamos a encontrar un crecepelo milagroso en este terreno: Si el Sr. Botín es calvo, la calvicie no se cura con dinero.

Ah, y para terminar, un consejo: No digan por ahí que el derecho al olvido digital es un derecho fundamental. Afirmaciones de ese tipo son propias de los que han aprobado Derecho Político o Constitucional en sexta convocatoria. Sólo son derechos fundamentales los que están positivizados en el ordenamiento jurídico (o como diría Ihering, que era un tío muy llano, los que aparecen recogidos en un artículo).

Buenas noches.

2 comentarios:

Osete dijo...

Yo iría más al fondo, aquellos que la Constitución indica como tales, y que en España son los recogidos en el título I Capítulo II (artículos 15 a 29, creo).

Ad Edictum dijo...

Usted, Matrícula de Honor