lunes, 22 de noviembre de 2010

El derecho al olvido digital y Google Inc

Como sabrán, ya se encuentra disponible el número 85 de la Revista Telos, dedicado a los derechos fundamentales en Internet. Les sorprenderá saber que Monsieur le Directeur publica en él un artículo titulado "El derecho al olvido y su protección", donde anima a los ciudadanos a ejercer los derechos que les asisten para evitar la difusión de sus datos personales en Internet. Termina su brillante exposición con las siguientes palabras:

"Los ciudadanos se preguntan: ¿tengo que soportar estar expuesto en Internet? La respuesta es No. Tal y como se ha expresado, en los últimos tiempos la AEPD ha venido materializando y conformando este llamado ‘derecho al olvido' mediante la aplicación de los instrumentos de defensa y tutela de los derechos de los ciudadanos que el legislador les ha atribuido. No obstante, junto a ello se hace preciso demandar de los responsables de estos servicios un papel activo y una diligencia específica en las garantías de los derechos de los ciudadanos y especialmente en la atención del derecho al olvido de los internautas.

Ofrecer garantías frente a los nuevos riesgos que plantean y aventuran las nuevas tecnologías, mediante el reconocimiento de nuevos derechos que garanticen el necesario equilibrio entre la naturaleza abierta de Internet y la protección de la privacidad, debe formar parte de la agenda social de este momento y sin duda representa uno de los desafíos actuales, a fin de proteger los derechos y libertades necesarios en cualquier sociedad democrática."

Al parecer, entre esos "instrumentos de defensa y tutela" que el legislador nos atribuye a todos nosotros, se encuentra el derecho de oposición frente a Google. En la línea del informe jurídico 214/2010 que les comentaba hace unos días, Monsieur le Directeur expone por qué considera que Google Inc. se encuentra obligado a hacer efectivo el ejercicio de este derecho:

"La fundamentación jurídica sobre la que se asientan dichas resoluciones parte, de un lado, del sometimiento de los prestadores de estos servicios a la legislación nacional (aun encontrándose el responsable de tratamiento situado fuera del Espacio Económico Europeo, la legislación comunitaria se aplica cuando cuenta con un establecimiento en un Estado miembro o cuando acude a medios situados en éste), y de la ausencia de precepto legal o amparo constitucional a la permanencia de la información en los índices de búsqueda, ni en las páginas que buscadores conservan temporalmente en memoria ‘caché'.

Cabe incidir en que en el caso de los buscadores no sólo es la normativa específica de protección de datos la que determina la ley nacional aplicable, sino que dicha normativa resultaría en todo caso aplicable por determinación del tenor literal de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Esta norma, que incluye a los buscadores dentro de la definición de ‘Servicios de la Sociedad de la Información', establece que los servicios de búsqueda, como servicios de intermediación en los que el prestador del servicio no es, en principio, responsable de los contenidos informativos a los que facilita el acceso, debe eliminarlos o impedir dicho acceso a requerimiento de un órgano competente que cuestione su licitud."

Eso sí, lo que no explica Don Artemi es por qué, aplicándole la legislación a Google Inc. como se le aplica, los procedimientos se los abre también a la filial española, Google Spain S.L., a pesar de que esta compañía no tiene ninguna responsabilidad en la prestación de los servicios de búsqueda (ni siquiera como encargado del tratamiento). ¿Una advertencia?

2 comentarios:

Álvaro Del Hoyo dijo...

Buenas,

Y me pregunto yo, ¿el derecho al olvido no es más que el derecho de cancelación o, en su caso, el derecho de oposición?

¿O es que el derecho al olvido va a dar la vuelta a la tortilla haciendo que el derecho a la protección de datos prevalezca sobre las libertades de expresión e información?

Por otra parte, ¿será que a Google Spain, S.L. se le considera el representante en España al que se refiere el art. 5.1 LOPD?

En fin...

Ad Edictum dijo...

Estimado Señor del Hoyo:

Gracias por su comentario. Como sabrá, ni la LOPD ni su reglamento de desarrollo incluyen menciones al derecho al olvido en su articulado. Hasta ahora (es decir, antes de Google), se hablaba del derecho al olvido, básicamente, en relación a las personas que habían cumplido sus penas y se reinsertaban en la sociedad, o a los amnistiados por leyes especiales (aquí se contraponía al "derecho a recordar"). Por eso Monsieur le Directeur habla de derecho al olvido DIGITAL.

En un ámbito en el que no está clara la diferencia entre derecho de cancelación, derecho de oposición y revocación del consentimiento, esta figura viene a aumentar la confusión. Pero desde luego, resulta mucho más atrayete hablar en los periódicos de "Derecho al olvido" (que suena a film noir interepretado por Barbara Stanwyck), que de "cancelación de datos" (mucho más prosaico y burgués).

Respecto a lo de Google Spain, desde que la AEPD comenzó a abrir procedimientos de tutela, han pasado varios años. Tanto la Agencia como Google han variado sus razonamientos y argumentaciones. Para la Agencia, desde luego, es el representante en España (algo bastante discutible por otra parte), pero ya me dirá Usted donde viene que al representante en España se le llame como parte en los procedimientos de tutela. Desde luego, lo que está claro es que no puede ser sujeto de las sanciones de la Agencia (éstas sólo pueden imponerse al responsable del fichero y al encargado del tratamiento). En fin, ¿Usted qué opina?
Un saludo,
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