martes, 14 de abril de 2009

Las sentencias no son fuentes accesibles al público (o Errar es humano)

Las sentencias no son fuentes accesibles al público. Piensen en las consencuencias que tendría lo contrario en la era de Internet: veríamos publicados en la red desde juicios de faltas por riñas entre vecionos a los temas más escabrosos (homicios, delitos sexuales, divorcios, etc...).

El concepto de fuente accesible al público, como el concepto de ensañamiento, es un concepto jurídico. Esto implica que tiene el significado que una norma le atribuye a efectos legales, sin que quepa interpretarlo de acuerdo al sentido que se dé a esa palabra en el habla común. En resumen, para determinar que es una fuente accesible al público no hay que acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Las fuentes accesibles al público aparecen definidas en el art. 3.j) de la LOPD, donde se indica:

"j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación."

A pesar de la desafortunada redacción del precepto, se viene entendiendo que el listado recogido en él es un numerus clausus, o sea, que sólo son fuentes accesibles al público las que se mencionan expresamente. Las distintas bases de datos, archivos y registros que cumplan con los requisitos de la definición (consulta pública sin más exigencia que el pago de una contraprestación, en su caso), no tendrán la consideración de fuentes accesibles al público si no están entre las listadas. Como ven, no aparecen las sentencias judiciales. Por si se lo preguntan, los Registros Mercantil, de la Propiedad y Civil tampoco son fuentes accesibles al público…

Curiosamente, el nuevo reglamento no ha incluido el concepto de fuentes accesibles al público en su artículo de definiciones, sino que le ha dedicado uno en exclusiva, el art. 7 del RLOPD, donde se determina:

"Artículo 7. Fuentes accesibles al público.
1. A efectos del artículo 3, párrafo j de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:
a. El censo promocional, regulado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b. Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por su normativa específica.
c. Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional.
d. Los diarios y boletines oficiales.
e. Los medios de comunicación social.
2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación."

El cambio de orden (primero la lista, luego la definición) quizás aclara un poco el concepto, aunque en general, consideramos que este artículo resultaba prescindible.

Pero no nos desviemos de la cuestión. Les estaba comentado que las sentencias no son fuentes accesibles al público porque recientemente he leído una resolución de la AEPD en la que se sanciona a Aranzadi por colgar en el Westlaw una sentencia con los nombres de las personas físicas implicadas en el procedimiento. Se trata de la Resolución R/00486/2004.

El Westlaw es un repositorio de jurisprudencia (en mi opinión, el mejor de los que hay ahora en el mercado, con diferencia). Aranzadi tiene un acuerdo con el Centro de Documentación Jurídica (CENDOJ), dependiente del Consejo General del Poder Judicial, en virtud del cual este órgano entregan las sentencias a la editorial y ésta las somete a un proceso de anonimización manual antes de indexarlas en sus base de datos.

Pues bien, en este proceso, por un error humano, se mantuvo el nombre de una persona que había sido parte en un procedimiento. El resultado es que Aranzadi ha pagado 6.010,12 € de multa.

Comprendo la indignación de la interesada, pero no el razonamiento de la Agencia. Creo que en este caso se trata de una cuestión que afecta más al derecho al honor que a la protección de datos. Además, miran a qué diferente conclusión llegó Monsieur le Directeur en un caso en el que también se había producido un error humano, el envío de un fax publicitario a un número equivocado:

"Para el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo manifestado por el denunciante, no ha existido consentimiento, ni relación comercial alguna que justifique los envíos, punto que ha sido corroborado por POLI TOURS. Sin embargo, del estudio de la información facilitada por las partes, se desprende que las comunicaciones publicitarias recibidas por el denunciante son fruto de un error en la remisión de las mismas, en la medida en que, si bien POLI TOURS realiza en su calidad de mayorista, dichas comunicaciones a sus clientes (Agencias de Viajes), la propia dinámica empresarial del sector provoca, en ocasiones que los cambios de domicilio, teléfono, fax o ceses de negocios, no le sean notificados, por lo que, debido a dichas circunstancias, empresas o particulares que sucedan a dichas Agencias en los correspondientes nº de fax o teléfono acaban recibiendo las comunicaciones referidas. Por tanto, no existe una voluntad de remisión de comunicaciones, sino que, fruto del error, éstas acaban siendo recibidas por la empresa denunciante.

Hemos de tener en cuenta, por tanto, que estamos ante una situación desafortunada, que si bien causa un perjuicio, al no existir un elemento volitivo en el tratamiento de datos, no activa el procedimiento sancionador en el ámbito de la protección de datos de acuerdo a la doctrina jurisprudencial existente para estos casos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta lo establecido por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2004 que dispone en su Fundamento de Derecho cuarto:

“ (…)De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que cualquier error de anotación, por nimio que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 15/1999, conclusión ésta que por su misma desproporción resulta inaceptable.”

O la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de marzo de 2005, que sobre el error nos dice:

“… lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca expansivo que debe presidir toda acción administrativa sancionadora incluida, claro está, la regulada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.”
(...)

Por tanto, en la medida en que no sería imputable a POLI TOURS la actividad infractora, ya que los envíos publicitarios eran derivados de un error en la remisión de los mismos, no se podría activar el correspondiente procedimiento sancionador, no constando que en la actualidad se sigan produciendo los hechos controvertidos, ya que si en la actualidad, teniendo conocimiento del error en la remisión , POLI TOURS diera lugar a nuevos envíos, habría de instarse el correspondiente procedimiento sancionador."

La cita que recojo arriba proviene de la resolución de archivo deactuaciones E/00939/2007. Guarden esta referencia como oro en paño, y no duden en citarla cuando se les presente un supuesto similar.

Buenas noches.

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