lunes, 9 de marzo de 2009

La Justicia del Cadí

He leído con interés la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2008, que se refiere al intento de recuperación de la documentación incautada a un jurista y político de la II República en su despacho profesional de la calle Ayala. La acción la ejercen sus tres herederos. Éstos solicitan las cajas con documentación personal y profesional que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, ante el silencio del Ministerio de Cultura al que se dirigieron en primer lugar. El Ministerio ni siquiera respondió denegando la petición.

La Audiencia estima en parte el recurso formulado por lo que se refiere a la necesidad de informar sobre la documentación incautada a un ascendiente. Sin embargo, desestima la petición de restitución, dado que esto requiere un acto del Poder Legislativo que autorice su devolución (tal y como sucede con la Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica).

No he podido menos que preguntarme qué habría pasado si los herederos hubieran solicitado el acceso a la documento de acuerdo a la normativa sobre protección de datos. En primer lugar, este derecho no habría supuesto la restitución del original, sino como mucho, de una copia (y esto si no considera el Archivo General un fichero). Pero además, está el art. 2.4 del RLOPD que excluye de su ámbito de aplicación "los datos referidos a personas fallecidas".

Si todos estamos de acuerdo en esto, no entiendo por qué cada vez más a menudo la AEPD estima las peticiones de tutela de familiares de un paciente que ejercen el derecho de acceso a la historia clínica de un fallecido.

Como ven, un ejemplo de la Justicia del Cadí.

Buenas noches.

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