martes, 31 de marzo de 2009

El concepto de bien común en la Sociedad de la Información (II)

Ustedes se preguntarán por qué les torturé el pasado miércoles con reflexiones tan obvias como que las nuevas tecnologías son buenas para todos.

Hay algo en lo que quizás no han reparado. A lo largo de la Historia de la Filosofía, los pensadores se han dedicado a construir complejos conceptos sobre las cuestiones más sencillas. Por ejemplo, cuando Bertrand RUSSELL daba clases a mi adorado WITTGENSTEIN en Cambridge, intentó hacer variar la opinión del filosófo austriaco respecto a que no es posible conocer nada empíricamente. RUSSELL le pidió que admitiese que no había ningún rinoceronte en el aula y WITTGENSTEIN se negó. ¿Absurdo, verdad? Lo peor de todo es que esta conversación la mantuvieron dos expertos en lógica.

Algo así ocurre con el concepto de bien común. En principio, cualquiera puede entender la idea de que una sociedad determinada debe conseguir para sus miembros un bien o una serie de bienes que les proporcionen la felicidad o las condiciones de vida adecuadas. En eso consiste el bien común. Sin embargo, la cosa se complica cuando los filósofos comienzan a tratar el tema. Desde SANTO TOMÁS, diversos pensadores, sobre todo cristianos, como Jacques MARITAIN, han reflexionado y escrito con notable fruición sobre qué debemos entender por bien común. Por tal motivo me sorprende, como les contaba el miércoles, que nadie haya reparado en las interrelaciones entre el bien común y la Sociedad de la Información cuando movimientos enormemente representativos del momento que vivimos (como el software libre) apelan en sus argumentos a este concepto.

Buenas noches.

miércoles, 25 de marzo de 2009

El concepto de bien común en la Sociedad de la Información (I)

Un tema que me interesa bastante es el relativo a los cambios que produce en el concepto de bien común el desarrollo de la Sociedad de la Información.

En los años 60, diversos especialistas comenzaron a llamar la atención sobre el hecho de que la sociedad industrial se estaba transformando en un tipo de sociedad distinto en el que la clave económica era el control de la información. Podemos definir este nuevo tipo de sociedad, generalmente denominado “sociedad de la información”, como “un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera” (definición tomada de La sociedad de la Información en España. Situación actual y perspectivas. 2000. Fundación Telefónica. Disponible on line en http://www.telefonica.es/)

La expresión “sociedad de la información” fue utilizada por primera vez por el economista Fritz MACHLUP en su libro de 1962 La Producción y Distribución del Conocimiento en los Estados Unidos, donde evaluaba en términos económicos el valor creciente de la información y las tecnologías asociadas a ellas en la sociedad norteamericana. Sin embargo, no se popularizó hasta la publicación en 1980 de la obra del sociólogo japonés Yoneji MASUDA La Sociedad de la Información como sociedad post-industrial, cuyas ideas siguen inspirando algunos planes de desarrollo actuales.

Hoy se trata de un concepto empleado quizás en exceso, sobre todo desde que comenzó a ser incluido en diversos programas y proyectos de organizaciones internacionales. Así, en el ámbito comunitario, la Unión Europea ha producido distintos documentos dedicados a la sociedad de la información y dispone de un Portal sobre el tema: http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm.

En cualquier caso, la sobreutilización de este concepto pone de manifiesto la conciencia de vivir un momento de rápidos avances tecnológicos, diferente a cualquier otro que se haya producido en la historia. Como apuntaba el Libro Verde de la Unión Europea sobre vivir y trabajar en la Sociedad de la Información en 1996:

1. Estamos viviendo un período histórico de cambio tecnológico, consecuencia del desarrollo y de la aplicación creciente de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Este proceso es diferente y más rápido que cualquiera que hayamos presenciado hasta ahora. Alberga un inmenso potencial para la creación de la riqueza, elevar el nivel de vida y mejorar los servicios.

2. Las TIC ya forman parte integrante de nuestra vida cotidiana, nos proporcionan instrumentos y servicios útiles en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, por todas partes. La sociedad de la información no es la sociedad de un futuro lejano, sino una nueva realidad de la vida diaria. Añade una nueva dimensión a la sociedad tal y como la conocemos ahora, una dimensión de importancia creciente.

La cita anterior refleja el optimismo con el que generalmente se valora el fenómeno de las nuevas tecnologías: Nadie pone en duda que las nuevas tecnologías han mejorado cualitativamente el nivel de vida de las sociedades desarrolladas. Incluso, se afirma que están consiguiendo la integración y el bienestar de los diversos sectores sociales.

En este contexto, la relación de las nuevas tecnologías con el concepto de bien común resulta evidente, y puede ser enfocado desde una doble perspectiva:

1º. Como referente ético o principio supremo que debe guiar el uso o la regulación que se dé a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. En este sentido, debemos citar el documento “Ética e Internet” del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, donde se afirma:

El bien común —« el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección »— proporciona un segundo principio básico para la valoración ética de las comunicaciones sociales. Se ha de comprender en su totalidad, como un conjunto de las metas plausibles, por las que los miembros de una comunidad se comprometen juntos, y para cuya realización y sostén la comunidad existe. El bien de las personas depende del bien común de sus comunidades.

La virtud que dispone a la gente a proteger y promover el bien común es la solidaridad. No se trata de un sentimiento « superficial por los males de tantas personas », sino de « una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos » (…).

Un compromiso decidido de practicar la solidaridad al servicio del bien común, dentro de las naciones y entre ellas, debería informar y guiar nuestro uso de la nueva tecnología de la información y de Internet. Esta tecnología puede ser un medio para resolver problemas humanos, promover el desarrollo integral de las personas y crear un mundo regido por la justicia, la paz y el amor".

El texto del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales es probablemente el documento más explícito a la hora de relacionar nuevas tecnologías y bien común. Sin embargo, aunque no aparezcan referencias expresas a dicho concepto, la idea de que los avances producidos en el ámbito de la Informática deben favorecer al conjunto de la sociedad no parece discutida por nadie. El bien común se convierte así en el elemento que legitima cualquier regulación del sector tecnológico.

2º. Desde el punto de vista de los concretos servicios, acciones o proyectos derivados de las nuevas tecnologías que posibilitan que cada individuo se desarrolle plenamente en la sociedad. Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías han revolucionado casi todos los aspectos de nuestra vida, la lista de mejoras introducidas por ellas podría hacerse interminable. Entre ellas, la más destacable es la referida a los movimientos de “cultura común”, que promueven la utilización de Internet para compartir bienes culturales en beneficio de todos. En los argumentarios de dichos movimientos, la idea de bien común ocupa un lugar central, algo que hasta ahora pocos parecen haber resaltado.

martes, 24 de marzo de 2009

Sobreinformación

Mi post de hoy será breve, dado que me he dejado las gafas de pasta en el despacho (aunque debo reconocer que el mundo borroso es mucho más interesante).

Hoy me he enterado de una noticia interesante. En un mundo sobrecargado de información y de contenidos, la Warner ha decidido distribuir a través de Internet, previo pago, su archivo de películas y series de televisión.

Lo que antes estaba sólo a disposición de unos pocos privilegiados y estudiosos, podrá comprarlo ahora cualquier cinéfilo con mastercard.

Internet pone a disposición de cualquiera tanta información especializada que nos desborda. Por eso, el futuro de la red está en las empresas que, como Google, saben buscar y ofrecer de manera ordenada esos contenidos.

Con esta reflexión baladí les dejo. Hasta mañana, si Dios no lo remedia.

sábado, 21 de marzo de 2009

¡Oh, estos días de primavera!

¡Otro esplendoroso sábado que pueden Ustedes aprovechar leyendo resoluciones de la AEPD! ¿No les parece un plan fascinante?

En primer lugar, les recomiendo que echen un vistazo a la resolución recaída en el procedimiento sancionador PS/00415/2008. Una empresa realizó un envío publicitario por correo postal a un particular cuyos datos habían sido obtenidos del buzón de su domicilio, sin almacenar la información en ningún soporte informático. Aplicando la doctrina de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre cancelación de datos en Libros Bautismales, Monsieur le Directeur concluye lo siguiente:

"En el presente caso, se ha puesto de manifiesto la existencia de tratamiento de datos personales, en el sentido de que se realizo un envío publicitario utilizando los datos personales del denunciante. Sin embargo, no se ha acreditado la existencia de un fichero en el que consten o hayan constado dichos datos y haya sido utilizado para la conformación del envío comercial. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 26 de Noviembre de 2008, recaída en el Recurso 137/2008.

En atención a lo expuesto, sin la acreditación de la existencia de los datos utilizados en un fichero de los definidos en la LOPD, no procede sanción alguna, por no darse los supuestos objetivos que legitimarían su imposición."

Ya saben lo que tienen que hacer para enviar publicidad sin que les sancionen. Perotenga cuidado, este razonamiento sólo resulta de aplicación cuando se realiza un tratamiento no automatizado de los datos. Si existe tratamiento automatizado, aunque no haya fichero, se les aplicará la LOPD con todo su rigor.

Otra resolución donde Monsieur le Directeur da lo mejor de sí mismo es la correspondiente al procedimiento sancionador PS/00479/2008. Esta vez sí tenemos como resultado una multa, pero de sólo 1.500 euros. Ustedes se preguntará por qué les hago perder el tiempo con una cantidad tan decepcionantemente baja, menos de lo que lleva Mario Conde en la cartera....Créanme, los hechos lo justifican: se trata de un nuevo caso de vídeo subido a Youtube. En este caso, el responsable es un joven que colgó un vídeo en el que aparecían imágenes humillantes de otra persona y que tuvo cierta repercusión en los medios. Estos hechos, en nuestra opinión, merecen una represión jurídica, pero no al amparo de la LOPD, sino de la Ley del Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Ahora, debo continuar con mi tesis.

Buenos días.

lunes, 16 de marzo de 2009

Qué será, será

Ustedes, que no pierden ningún detalle, habrán notado que la Guía de la Agencia sobre videovigilancia incluye un apartado dedicado a empresas de seguridad. En él, Monsieur le Directeur pretende establecer un deber de diligencia especial para este tipo de empresas en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Así, podemos leer lo siguiente:

"La empresa de seguridad privada que realice operaciones de instalación o mantenimiento de los servicios de vigilancia mediante cámaras debe garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD y de la Instrucción 1/2006.

En particular su pericia técnica será muy relevante en aspectos como:
  • Inscripción del fichero ante el Registro General de Protección de Datos.
  • La ubicación de distintivos informativos
  • La definición del espacio vigilado y la orientación de las videocámaras
  • La adopción de las medidas de seguridad
La ausencia de contrato tendrá como consecuencia la falta de legitimación de la instalación.
Por otra parte, como se señaló más arriba, hay recordar que cuando la empresa de seguridad acceda a las imágenes, con independencia de que lo pueda hacer el responsable, tendrá la consideración de encargado del tratamiento y le corresponderán las responsabilidades que procedan conforme con lo dispuesto por el contrato celebrado conforme al artículo 12 LOPD.

Sin embargo, a las empresas de seguridad, tengan o no la condición de encargados, les compete el deber de asesorar a los particulares sobre la adecuación a la normativa de protección de datos de las instalaciones de videovigilancia. La Agencia Española de Protección de Datos en el desarrollo de su actividad notificará de oficio las incidencias detectadas a la autoridad gubernativa para su conocimiento y eventual actuación en aplicación de la Ley de Seguridad Privada.”

Me temo que las empresas de seguridad están en el punto de mira. Veremos a cuántas sanciona la AEPD en los próximos meses. Piensen: Si ya han sancionado a particulares que utilizaban las cámaras para actividades personales y domésticas.....¿de qué nos vamos a sorprender?

Buenas noches.

domingo, 15 de marzo de 2009

Libro del mes (marzo)

GAMERO CASADO, Eduardo y VALERO TORRIJOS, Julián (coord.) : La Ley de la Administración electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Editorial Thomson Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2008.

El Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando en un proyecto de Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), sobre el que se ha abierto el periodo de consulta pública. Por cierto, pueden Ustedes decargar el texto del borrador de Real Decreto en la página web del Ministerio y también consultar la nota de prensa redactada al efecto.

Coincidiendo con esta importante novedad legislativa, les recomiendo como lectura del mes una de las pocas monografías sobre la Ley de Acceso. Se trata de una obra colectiva en la que participan autores de la solvencia de Julián VALERO, cuyo blog está entre mis favoritos, y Lorenzo COTINO HUESO, que desarrolla una excelente labor de difusión de material relativo a derechos de las nuevas tecnologías en la Red Derecho Tics. Aunque se trata de una obra extensa y desigual, tiene la ventaja de que cada uno de sus capítulos puede leerse y comprenderse de manera independiente.

Su contenido es el siguiente:
  • Objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la ley de administración electrónica; su posición en el sistema de fuentes
  • Derechos del ciudadano
  • Acceso a los servicios y difusión de la información por medios electrónicos
  • Identificación y autentificación de las administraciones públicas
  • Identificación y autentificación de los ciudadanos
  • Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas
  • Gestión electrónica de los procedimientos
  • Documentos y archivos electrónicos
  • Cooperación entre administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica
  • Órganos colegiados electrónicos

Si no lo tienen en su librería jurídica habitual, pueden adquirirlo on-line, al módico precio de 78 euros.

sábado, 14 de marzo de 2009

Lecturas recomendadas

Por si quieren Ustedes aprovechar este esplendoroso sábado para leer, aquí les dejo mis recomendaciones de la semana:
  • Me ha gustado mucho este artículo, que analiza qué ocurre con la información que dejan las personas en el ciberespacio una vez que han muerto. Lo que a algunos podría resultar morboso, a mí me resulta evocador y nostálgido. ¿Qué quieren que les diga? ¡Ya saben que admiro tanto a Marcel Proust! Algún día, todos estos blogs serán recuerdos de un tiempo perdido (si Blogger no los suprime antes, claro).
  • Ya que nos hemos puesto metafísicos, mediten viendo esta fotografía de alta resolución de la toma de posesión de Obama, que me ha pasado Paco. ¿Divertido, verdad? Supongo que la mayoría de los asistentes al acto se sentirán orgullosos de formar parte de un acontecimiento histórico, los nuevos soldados de la rendición de Breda. No obstante, piensen que este tipo de servicios están disponibles también para cualquier nimiedad ¿Tenemos derecho a colgar en nuestro blog o en flickr las fotos de las vacaciones o de una calle de cualquier ciudad donde aparecen terceros? Lo que a nosotros nos parece una broma o algo curioso puede ser ofensivo para otra persona ¿Habrá que empezar a pedir permiso antes de grabar un video o sacar una foto? ¿Tendremos que ser más selectivos en la difusión que hacemos utilizando las nuevas tecnologías?
  • Más sobre la Ley Hadopi en Le Monde Diplomatique, ese periódico tan trasnochado y sesentaiochero, por el que siento cierta simpatía. "Hadopi: Surveiller et punir Internet" por André Gunthert.
  • Enrique DANS ha escrito recientemente un interesante post sobre el desarrollo de las Darknets, redes P2P de acceso restringido y controlado. Hace tiempo me compré un libro sobre este tema: LASICA, J.D.: DARKNET. La guerra de las multinacionales contra la generación digital y desarrollo de los medios audiovisuales. Santos Rodriguez Editor. 2006. Cada vez que intento leer el libro, su pinta de novela de Asimov (edición barata) y la poco afortunada fotografía del autor me echan para atrás.
Buenos días.

jueves, 12 de marzo de 2009

La Justicia del Cadí (II)

Algunos de mis clientes me han preguntado si les puede sancionar la Agencia por contratar a una empresa de seguridad que no cuente con las debidas licencias para que les realice la instalación de cámaras de videovigilancia.

La AEPD no tiene potestad para imponer sanciones que se deriven del incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada, por más que a Monsieur le Directeur se empeñe. No obstante, en la Guía sobre Videovigilancia, se expone el siguiente razonamiento para poder sancionar a aquellos que contratan a quienes no tengan la acreditación necesaria:

1º. La grabación de imágenes es un tratamiento de datos de carácter personal. Habrá de estar legitimado por el contimiento del interesado o por algunas de las tres excepciones del art. 6.2 (ley habilitante, relción contractual entre el responsable y el afeactado o tratamiento realizado por una administración pública en el cumplimiento de sus funciones).

2º. Lo más frecuente es que las cámaras se instalen para garantizar la seguridad de bienes y personas, y no se recaba el consentimiento del interesado. La legitimación del tratamiento en estos casos se encuentra en la Ley 25/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que la realización de dichas actividades siempre que se cumplan unos requisitos.

3º. Uno de estos requisitos es que las empresas que realicen la instalación de cámaras de seguridad estén debidamente acreditadas.

4º. Por eso, si se contrata a una empresa que no dispone de tal acreditación, se incumplirá la Ley de Seguridad Privada y no existirá legitimidad para el tratamiento de los datos.

Buenas noches.

lunes, 9 de marzo de 2009

La Justicia del Cadí

He leído con interés la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2008, que se refiere al intento de recuperación de la documentación incautada a un jurista y político de la II República en su despacho profesional de la calle Ayala. La acción la ejercen sus tres herederos. Éstos solicitan las cajas con documentación personal y profesional que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, ante el silencio del Ministerio de Cultura al que se dirigieron en primer lugar. El Ministerio ni siquiera respondió denegando la petición.

La Audiencia estima en parte el recurso formulado por lo que se refiere a la necesidad de informar sobre la documentación incautada a un ascendiente. Sin embargo, desestima la petición de restitución, dado que esto requiere un acto del Poder Legislativo que autorice su devolución (tal y como sucede con la Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica).

No he podido menos que preguntarme qué habría pasado si los herederos hubieran solicitado el acceso a la documento de acuerdo a la normativa sobre protección de datos. En primer lugar, este derecho no habría supuesto la restitución del original, sino como mucho, de una copia (y esto si no considera el Archivo General un fichero). Pero además, está el art. 2.4 del RLOPD que excluye de su ámbito de aplicación "los datos referidos a personas fallecidas".

Si todos estamos de acuerdo en esto, no entiendo por qué cada vez más a menudo la AEPD estima las peticiones de tutela de familiares de un paciente que ejercen el derecho de acceso a la historia clínica de un fallecido.

Como ven, un ejemplo de la Justicia del Cadí.

Buenas noches.

jueves, 5 de marzo de 2009

Datos de carácter personal que deben comunicarse al Comité de Empresa

Les reproduzco una consulta bastante larga, pero que encontrarán sin duda interesante. Se refiere a cesiones de datos de trabajadores que deben hacerse al Comité de Empresa. La he encontrado en la página web de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La Agencia Española ha publicado algunos informes jurídicos sobre este particular, pero no tan explícitos ni exhaustivos como lo que leerán más abajo. Quizás dedique otro post a protección de datos y sindicatos....

¿Pueden facilitarse al Comité de Empresa del Centro de Transfusiones datos relativos a la plantilla (nombre del trabajador, puesto de trabajo y turno en el que se desempeña el mismo), y la identificación de los trabajadores que realizan horas extraordinarias, así como el motivo de la realización de las mismas?

Los datos que se deben facilitar al Comité de Empresa se encuentran regulados en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, en su número 1, en el que se indica que el comité de empresa tiene, dentro de sus competencias, las de recibir información del empresario sobre ciertos aspectos. El Comité de Empresa ejerce unas funciones de vigilancia y protección, sin necesidad de acceder a información diferente de la que marque la Ley.

A la vista de las previsiones legales que habilitan las funciones y competencias de las Secciones Sindicales, Comités de Empresa y Juntas de Personal que han sido detalladas en el apartado anterior, se considera que, de acuerdo con la LOPD, dichas previsiones no especifican con carácter general que se tenga que proceder a la cesión de datos personales de los empleados públicos en los siguientes supuestos: para conocer el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, régimen de permisos, vacaciones y licencias; emitir informe sobre materias como traslado total o parcial de las instalaciones, planes de formación de personal o implantación o revisión de sistemas de organización y método de trabajo; conocer las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como las correspondientes a recibir información trimestral sobre política de personal.

Por tanto, con carácter general, estas funciones quedarán plenamente cumplidas por parte de las Administraciones públicas, mediante la cesión a las Secciones Sindicales, los Comités de Empresa y Juntas de Personal, de la información debidamente disociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la LOPD, que permita a aquéllos conocer las circunstancias relativas a la política de personal sin referenciar la información en un sujeto concreto.

No obstante lo anterior y en el supuesto en que un empleado público haya planteado una queja ante su Sección sindical, Comité o Junta correspondiente, relativa a sus condiciones de trabajo, será posible la cesión del dato específico de dicha persona.

No obstante lo expuesto en el apartado anterior, hay que tener en cuenta, que el legislador puede prever específicamente aquellos datos de carácter personal de los trabajadores que pueden ser cedidos a las Secciones Sindicales, Comités de Empresa y Juntas de Personal, y de esa forma, la necesidad del consentimiento de los afectados quedaría excepcionada. Por otro lado, no hay que olvidar la función de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la interpretación tanto del derecho a la libertad sindical como del derecho fundamental a la protección de datos personales.

Entre los supuestos legales que contemplan las cesiones de datos, se podrían señalar, entre otros, los siguientes:

1. Será posible la cesión de los datos que figuren en la copia básica de los contratos de trabajo –artículos 64 y 8.3 del Estatuto de los Trabajadores-, dado que específicamente figura como información concreta a facilitar a los representantes de los trabajadores, con la excepción del DNI, el domicilio del trabajador, estado civil y cualquier otro dato que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo afecte a la intimidad personal de los empleados.

2. Igualmente, será posible la cesión en el caso de obtener información de las sanciones impuestas por faltas muy graves a los trabajadores -articulo 64 E.T. y artículo 9 de la Ley 9/1987-.

3. Por otra parte, en el caso del personal funcionario y respecto del complemento de productividad, el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tras definir en su apartado c) el citado complemento, indica, en el último párrafo de este apartado, que “en todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales”.

4. Asimismo en el caso de vigilancia de la salud, los artículos 36.2 b) y 39.2 c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, habilitan a que los Delegados de Prevención que forman parte del Comité de Seguridad e Higiene puedan conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. En consecuencia y con las limitaciones previstas en el artículo 22.4 del mismo texto legal podrán tener acceso, por ejemplo, al nombre y apellidos de los trabajadores, fecha del reconocimiento médico, fechas de alta y baja y conclusiones del reconocimiento médico.

5. Asimismo el artículo 11.2 de la LOLS prevé que el empresario proceda al descuento de la cuota sindical sobre los salarios de los trabajadores afiliados y su transferencia al sindicato correspondiente, siempre que exista conformidad del trabajador. Es decir, aquí se trata de un supuesto de cesión de datos habilitados por ley (transferencia de la cuota sindical), pero que necesita del consentimiento del trabajador afectado, dado que el trabajador, para cumplir con su obligación del pago de la cuota, puede optar por su abono directo al sindicato sin necesidad de que la empresa se lo descuente de la nómina.

6. Por último y a los efectos de informar a todos los empleados públicos pertenecientes a cada uno de los ámbitos de negociación, de conformidad con el artículo 64.12 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 9.10 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (ver por ejemplo STC 142/1993, STC 213/2002 y la más reciente STC 281/2005) se entiende que podrían tener acceso al nombre, apellidos y la dependencia administrativa donde prestan sus servicios cada uno de dichos empleados públicos, así como a la dirección de correo electrónico en el supuesto de que la Unidad administrativa se la haya asignado.

En este último supuesto referido a facilitar la dirección de correo electrónico de los empleados a los representantes sindicales, hay que resaltar la importancia del uso al que puede ser destinado por estos y que viene reconocido en la propia sentencia 281/2005 del Tribunal Constitucional.

Así, se señala que el derecho a enviar información sindical tanto a los afiliados como a los no afiliados forma parte del derecho de libertad sindical (FJ4), si bien está sujeto a límites o restricciones, como son las referidas a que sólo se justifica su uso para transmitir información de naturaleza sindical y laboral …. Y que la comunicación no puede perturbar la actividad normal de la empresa (FJ8). En este sentido, señala el TC que resultaría constitucionalmente lícito que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas siempre que no las excluyera en términos absolutos (FJ8).

Por último, hay que señalar que de conformidad con el derecho de oposición reconocido en el artículo 6.4 LOPD, los empleados públicos que no quieran recibir información sindical pueden oponerse a este tratamiento, y la representación sindical como responsable del envío tendrá la obligación de dejar de enviar información a todos aquellos que hayan ejercitado este derecho.

martes, 3 de marzo de 2009

Otro ejemplo de ciberactivismo

Leo en El Mundo que la fiscalía sueca pide un año de cárcel para los responsables del portal "The Pirate Bay", uno de los mayores dedicados al intercambio libre de archivos. Este asunto me interesa como ejemplo de ciberactivismo, por lo que supone de rechazo de una concepción de Internet.

Me complace comprobar cómo Internet facilita la organización de grupos que comparten intereses para ejercer presión, sin depender de medios de comunicación tradicionales ni de los cauces habituales para la formación de la opinión pública. Vean si no esta entrada en la wikipedia y la red de apoyo en español.

No haré paralelismos fáciles entre la revolución cultural y social (espontánea) que supuso mayo del 68 y estas resistencias digitales, inspiradas en el espíritu optimista de cooperación que se vivía en los primeros años de Internet, en los primeros pasos del software libre... entre otras cosas porque se relaciona con el tema de mi tesis doctoral.

En fin, este resfriado no se me quita. Me voy a ensobrar.

lunes, 2 de marzo de 2009

Miscelánea

Revisando las últimas resoluciones de tutela de derechos, veo que, a fecha de hoy, entre las de 2009, sólo figuran resoluciones relativas a cancelación de datos en registros mantenidos por la Iglesia Católica. Naturalmente, todas las peticiones están desestimadas a la luz de la reciente Sentencia del Supremo que Ustedes conocen.

Me ha parecido moderadamente interesante la resolución al procedimiento de tutela TD/01024/2008, dado que se refiere a un supuesto de ejercicio de derecho de acceso por representación. En este caso, se desestima la petición de acceso a la historia clínica del paciente ejercida por una de las hijas del paciente incapacitado. La razón es que la sentencia de incapacitación de éste nombraba tutoras conjunta y mancomunadamente a la ejerciente y a su hermana, que no firmó el escrito de solicitud de acceso.

Les dejo por el momento. Un horrible resfriado me obliga a meterme en el sobre temprano.