martes, 6 de enero de 2009

De lo inexacto a lo inexistente

Ya saben que cuando no puedo dormir me da por pensar en la conservación de datos con fines históricos. Ayer, por ejemplo, me puse a leer esta resolución de la AEPD.

Se trata de un procedimiento de tutela de derechos (TD/00785/2007). Una mujer pasó un mes en prisión provisional a la espera de sentencia. Cuando ésta finalmente se dicta, se la absuelve de todo cargo. La interesada ejerce entonces el derecho de cancelación frente a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que desestima la petición argumentando el valor histórico de los datos y un acuerdo de la Comisión Calificadora de Documentos de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior, en su reunión del 20 de noviembre de 2002, que dictaminó que:

"(...) La serie documental que obra en los centros penitenciarios con la denominación Expedientes personales de internos era de conservación permanente, por lo tanto no estaba sujeta a eliminación de ninguno de los expedientes que la componen, y aprobó el plazo de 52 años como plazo de permanencia, por razones de gestión, en los archivos de los centros penitenciarios, a cuya finalización se deben transferir a los Archivos Históricos Provinciales correspondientes. Respecto a los datos contenidos en los ficheros automatizados, existe la base de datos denominada Sistema de Información Penitenciaria (SIP), en la que constan esenciales de cada Expediente Personal de Interno que, en soporte papel, conserva el centro penitenciario desde el que ha sido excarcelado el recluso. La base de datos se creó por necesidades de gestión, para localizar los expedientes n papel dispersos por toda la geografía nacional. Por lo tanto, se entiende, que si el dictamen recaído sobre los expedientes ha sido la conservación permanente, las informaciones contenidas en la base de datos deberían serlo también teniendo en cuenta los fines para los que fue creada."

Ya saben Ustedes que el art. 49 de la Ley de Patrimonio Histórico indica que:

" 1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.
2. Forman parte del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras Entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios (...)"

Por tanto, de acuerdo a lo anterior, cualquier expediente generado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias forma parte del patromonio documental histórico español....Pues bien, Monsieur le Directeur da la razón a la solicitante de tutela, entre otras cosas, porque los datos son inexactos (como Ustedes pueden imaginar, que una persona pase un mes en prisión provisional podrá ser injusto, pero no inexacto) y carecen de valor histórico. Lean su inefable conclusión:

"En definitiva, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha justificado la negativa a cancelar los datos de la reclamante en el Acuerdo de la Comisión de Clasificación de Documentos del Ministerio del Interior que, en virtud del valor histórico, estadístico, y las necesidades de gestión, calificó "de conservación permanente" tanto los expedientes personales de los internos en centros penitenciarios, como el fichero automatizado denominado "SIP-INTERNOS". No puede admitirse tal habilitación legal, por cuanto ambos ficheros recogen unos datos que, en el caso de la reclamante, son inexactos y no se encuentran actualizados, habida cuenta de que ésta no se encuentra "interna" en ningún institución del sistema penitenciario. Tampoco puede admitirse como argumento para denegar la cancelación solicitada la referencia genérica a un "supuesto valor histórico o estadístico" que dichos datos pudieran llegar a alcanzar, y mucho menos las "necesidades de gestión" propias de la Administración Penitenciaria, ya que el mantenimiento íntegro de datos con dichos fines tiene un carácter excepcional regulado por exigencia del artículo 4.5 de la LOPD.

En consecuencia no cabe admitir los motivos esgrimidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para denegar la cancelación de datos solicitada por la reclamante habida cuenta que no puede motivarse la misma en una ausencia de regulación por parte del Reglamento Penitenciario, al tiempo que debe rechazarse que los datos de la afectada continúen en un fichero en el que constan los datos personales de internos (o personas recluidas) en Instituciones Penitenciarias, ya que, en el caso de la reclamante, son datos inexactos. "

No sé a Ustedes, pero a mí preocupa cada vez más que la Agencia se arrogue la facultad de decidir sobre el valor histórico de las informaciones generadas por la Administración Pública (sobre todo cuando hay una ley al respecto) o por otras instituciones. Buenos días.

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