miércoles, 1 de octubre de 2008

Más sobre el derecho al olvido

Hace poco, les informaba de una nueva resolución de la Agencia en la que se obligaba a Google a hacer efectivo el derecho de un interesado que no quería aparecer en los resultados de las búsquedas. Como les decía, la argumentación de ésta y otras resoluciones similares se basa en el derecho al olvido, que choca frontalmente con Internet, donde todo permanece eternamente en un "mar de los sargazos" virtual (discúlpenme la cursilada; es que el derecho al olvido me parece tan evocador que no he podido reprimir una metáfora de saldo).

La puesta en línea de boletines oficiales, combinada con los potentes motores de búsqueda de Google, ha hecho posible que datos que son fuentes accesibles al público, que precisamente se publican para darlos a conocer, tengan una difusión mayor de la deseada, y sobre todo, más perdurable. Reconozca que de vez en cuando pone su nombre en el cajetín de un buscador. Todos lo hemos hecho. Una persona multada o embargada puede comprobar como uno o varios enlaces al boletín oficial en el que aparece su "tacha" constan como resultado de las búsquedas de su nombre en Google. Pues bien, en opinión de la Agencia, no es aceptable que esto suceda, y tutela el derecho de cancelación que se ejerza tanto ante el buscador (lo cual, en mi opinión, podría ser discutible), como ante el responsable de la página.

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid también ha tutelado el derecho de cancelación en supuestos similares, pero ante las administraciones responsable de poner en línea un boletín oficial. Consciente de la repercusión que puede tener el ejercicio del derecho de cancelación en estos supuestos y del interés público que supone controlar lo que se sube a la red, ha aprobado una recomendación al respecto: Recomendación 2/2008, sobre publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios web institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos.

La recomendación cuenta con un preámbulo muy interesante donde se expone la opinión que ha venido manteniendo la Agencia sobre publicación de datos personales en Interner en distintos foros, informes y resolución. Me quedo con esta reflexión, aunque les recomiendo leerlo en su totalidad con detalle:

"Este planteamiento del legislador limita mucho en nuestro país el acceso a información administrativa y la publicación a iniciativa de la Administración ya que no existe una habilitación legal clara que permita la cesión de datos personales sin un interés legítimo y sin consentimiento del interesado en beneficio del principio de transparencia administrativa. Es decir, la LOPD no contempló como límite al derecho fundamental a la protección de datos personales un derecho de acceso a información administrativa sin interés legítimo ni previó una publicación generalizada de información administrativa con datos personales a instancias de la Administración. Este panorama legal en España es consecuencia, aunque solo sea parcialmente, de la Directiva Comunitaria 95/46/CE, de la que la normativa española es transposición, que tampoco contempla el acceso a documentos públicos como límite al derecho fundamental a la protección de datos personales ya que únicamente señala en el Considerando 72 “que se tenga en cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales a la hora de aplicar los principios expuestos en la presente Directiva”."

Como en otros muchos casos, como hizo con su recomendación sobre tratamiento de historias clínicas no informatizadas, o con la publicación de modelos de documento de seguridad en su web, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid marca el camino por el que debería seguir la Autoridad Nacional.

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