sábado, 11 de octubre de 2008

El fin justifica los medios

Como saben, me atrae y asusta a partes iguales que la Agencia haya decidido tutelar el derecho de cancelación o de oposición que se ejerza frente a Google.

Los buscadores se limitan a indexar información que se encuentra disponible en otras webs. No son responsables de la puesta en línea de datos de carácter personal. Si el derecho de cancelación y de oposición sólo pueden ejercerse ante el responsable del fichero, aún admitiendo que las páginas webs sean ficheros, ¿cómo se justifica desde el punto de vista de la LOPD que un buscador resulte responsable de un fichero sobre el que tiene ninguna capacidad de decisión?.

Leyendo la "Declaración para buscadores de Internet", encuentro el siguiente razonamiento:

"Aunque el tratamiento de los datos de los usuarios pueda estar legitimado por las necesidades inherentes a los servicios de búsqueda, ello no excluye que deban garantizarse, a solicitud de su titular, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la LOPD les reconoce.
Sin embargo, en el ámbito de los servicios de búsqueda adquiere una relevancia especial la tutela de los derechos de aquellas personas a cuyos datos puede accederse como consecuencia de las búsquedas realizadas.
Estas personas pueden no ser usuarios del servicio de búsqueda y, pese a ello, sus datos pueden ser conocidos por cualquiera como consecuencia de la captura de información disponible en Internet que realizan los motores de búsqueda y de la indexación que ofrecen a los usuarios para facilitar un acceso selectivo a la misma.
Aunque la incorporación inicial de esta información personal a la red “pueda estar legitimada en origen, su mantenimiento universal y secular en Internet puede resultar desproporcionado”.
Las personas deben disponer de instrumentos de reacción para evitar, por su propia iniciativa, ser objeto de exhibición global.
La LOPD ha venido a dotar a los ciudadanos de esos instrumentos de reacción, fundamentalmente a través de los derechos de cancelación de los datos y de oposición a su tratamiento, que tienen como objeto que éste no se lleve a cabo o se cese en el mismo.
Por su parte la LSSI califica los servicios de búsqueda como servicios de intermediación en los que el prestador del servicio no es, en principio,responsable de los contenidos informativos a los que facilita el acceso, si bien, debe eliminarlos o impedirlo a requerimiento de un órgano competente que cuestione su licitud.
De este modo, la LSSI ha reforzado las posibilidades de ejercicio de estos derechos permitiendo a la AEPD formular aquellos requerimientos.
En el caso de los servicios de búsqueda el ejercicio de estos derechos ofrece algunas peculiaridades.
En efecto, en la medida en que la actividad de los buscadores se centra, principalmente, en asociar los términos de la búsqueda a los sitios web en los que consta esta información, el ejercicio de los derechos de cancelación u oposición debería estar asociado a un ejercicio correlativo de tales derechos frente a los responsables de estos sitios web, que son quienes, en origen, permiten el acceso a la información personal.
De no ser así, si el buscador cancela los datos o impide su acceso, un posterior rastreo del motor de búsqueda volvería a permitir el acceso a la información.
Sin embargo, hay ocasiones en que el responsable del sitio web pueden estar obligado a mantener la información (p. ej. por exigencia legal), sin que esta obligación sea exigible al responsable del servicio de búsqueda.
En estos casos, el primero deberá mantener la información en Internet, mientras que el segundo puede no estar sujeto a una exigencia equivalente."

Todo esto está muy bien, pero yo me pregunto, y les pregunto a todos:
  • ¿En base a qué artículo de la LOPD se ejerce el derecho de cancelación o de oposición frente al buscador y por qué lo tutela la Agencia, sobre todo si ese derecho no se ha ejercido con anterioridad frente al responsable de la web o existe un deber de éste de mantenimiento de la información en línea?
  • ¿Desde cuándo le ha atribuido la LSSICE a la AEPD la potestad de decidir cuándo un prestador de servicios de la sociedad de la información debe retirar contenidos de su página web?
  • ¿Desde cuándo debemos tener en cuenta su interpretación de quién es la autoridad competente?
  • ¿Qué norma ha incumplido el buscador, la LSSICE, la LOPD o la Ley 41/2002, otra norma en base a la que la AEPD se ha arrogado nuevas competencias?
Al parecer, los derechos del interesado sirven lo mismo para un roto que para un descosido. Coincido con la necesidad de evitar que los datos de una persona se distribuyan por Internet sin el consentimiento y control del interesado, pero resultaría deseable que para conseguir esta finalidad la AEPD no utilizara como medio una argumentación jurídica tan ramplona. Así, sólo fomenta la discrecionalidad.

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