martes, 17 de junio de 2008

Los peligros de las redes P2P

A petición de mis escasos blogtores, facilito el link donde se puede encontrar la sentencia del Tribunal Supremo 236/2008 de 9 de marzo de 2008 (sala de lo penal, recurso de casación 1797/2007):
Los antecedentes de hecho de la sentencia han sido ampliamente comentados en distintos medios de comunicación: La acusada realizó varias búsquedas en emule por palabras claves como "bebés", "mamás", "papás", "niñas", "girls", "boys", "mamas con bebes". En varias ocasiones los archivos así descargados, resultaron contener pornografía infantil que la acusada borraba de su ordenador. La internauta fue localizada por la policía a través de su dirección IP y acusada de un delito de difusión de pornografía infantil.
¿Quién no se ha descargado alguna vez una película sadomaso pensando que era un clásico de Paco Martínez Soria? Descritos así los hechos, más de uno estará temblando mientras lee estas líneas.
Les gustará saber que la Audiencia Provincial absolvió a la acusada, declarando nula la prueba en que se sustentaba la acusación del Ministerio Fiscal, por estimar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal recurrió en casación, dictaminando el Supremo en su Fundamento de Dercho Segundo:
"SEGUNDO.- Visto el panorama jurisprudencial y legislativo y trasponiéndolo al caso que nos ocupa se puede concluir lo siguiente: a) los rastreos que realiza el equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en Internet tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica de los IPS (Internet protocols) que habían accedido a los "hash" que contenían pornografía infantil. El acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario. No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada -como puntualiza con razón el Mº Fiscal- queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario.
b) entender que conforme a la legalidad antes citada (unas normas vigentes en el momento de los hechos y otras posteriores) se hacía preciso acudir a la autorización del juez instructor para desvelar la identidad de la terminal, teléfono o titular del contrato de un determinado IP, en salvaguarda del derecho a la intimidad personal (habeas data). La policía judicial a través de un oficio de 6 de noviembre de 2005, completado por un informe de 24 de octubre del mismo año del Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil interesa la preceptiva autorización que obtuvo con el libramiento de mandamiento judicial dirigido a los operadores de Internet para identificar ciertas direcciones IP del ordenador al objeto de proseguir la investigación.
Consecuentemente quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso EMULE, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en internet, no se hallaban protegidos por el art. 18-1º ni por el 18-3 C.E."
¿Qué les parece el razonamiento del Tribunal Supremo?

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